Las claves del 'true crime' fallido sobre Ana Julia Quezada del que ya alertó la madre de Gabriel

El caso de Gabriel Cruz, el niño asesinado en 2018 en el municipio de Níjar (Almería), ha vuelto a la actualidad mediática. Un juzgado de Ávila investiga si dos trabajadores de la cárcel de Brieva tuvieron sexo con la autora del crimen, Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable, a cambio de tener acceso a un teléfono móvil. Los informes sostienen que la reclusa podría haber grabado estas relaciones sexuales con el móvil que le facilitaron para "chantajear" a la dirección del centro penitenciario y conseguir su traslado a una prisión en Barcelona.

Según recoge el diario El País, la declaración de un educador de la cárcel de Brieva coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada. La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha manifestado en una rueda de prensa este miércoles que ella misma interpuso una denuncia ante la Guardia Civil después de recopilar testimonios de confidentes dentro y fuera de la cárcel sobre el posible rodaje de un 'true crime' sobre la asesina que incluyera su participación desde la cárcel. Ahora, Ramírez critica que el juzgado de instrucción que investiga a estos trabajadores por un presunto delito de cohecho ha rechazado su personación como acusación particular en las diligencias.

La madre de Gabriel ya había denunciado el presunto trato de favor

Patricia Martínez ya anunció en una comparecencia pública hace justo de la posible grabación de un documental sobre el caso del asesinato de Gabriel a través de móviles introducidos en la cárcel de Brieva. En aquel momento, su denuncia sobre un presunto trato de favor hacia Quezada dio lugar a cacheos y registros en la cárcel, por los que el documental se habría pospuesto. Según su versión, uno de esos móviles habría acabado en el domicilio del mismo funcionario que se lo habría proporcionado a la asesina, quien habría accedido a otros tres terminales mediante vis a vis o contactos con otras reclusas.

"Creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia", ha lamentado durante su comparecencia, en la que ha asegurado que la facilitación de teléfonos móviles en la prisión ha estado siempre orientada a la grabación de un documental. Ramírez ha explicado que, después de que el juzgado rechazase su personación en la causa como perjudicada, su representante legal ha solicitado personarse como acusación popular. También ha censurado sus intentos fallidos de contactar con el instructor del caso, así como con la Fiscalía, a través de la oficina de atención a las víctimas.

Supuestas amenazas por "boicotear" el documental

En este sentido, la madre de Gabriel ha recorddo que el pasado 31 de diciembre interpuso una segunda denuncia ante la Guardia Civil de Almería después de haber tenido constancia a través de terceros de que Ana Julia habría manifestado que la "quiere matar" por haber boicoteado dicho documental. Las diligencias de investigación permanecen abiertas a la espera de recoger testimonios sobre esas presuntas amenazas.

Finalmente, Ramírez ha demandado una mayor portección para las víctimas de delitos violentos y a su familia para evitar la revictimización en casos de notoriedad pública, como ha ocurrido recientemente con el libro de José Bretón sobre el crimen de sus hijos.