El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examinó el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concluyó ayer que el sistema establecido con el convenio marco de 2001 y el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas a través del IFA "desplazó la normativa aplicable" y favorecía la "falta de control" de las mismas.

El testigo destacó que antes de la ley de Presupuestos del año 2001, sólo existían la encomienda de gestión y las subvenciones que requerían "controles mayores", pero tras la firma del convenio marco del 17 de julio de 2001 se incluyen las transferencias de financiación, que suponen una "diferencia sustancial".

Sin este sistema, prosiguió, "no se habrían producido situaciones cómo las que se han producido por la falta de control", por cuanto a su juicio el convenio marco "ha pretendido crear un procedimiento específico" para la concesión de un determinado tipo de ayudas. El comandante de la UCO reconoció, no obstante, que la transferencia de financiación conlleva una "fiscalización previa".

El testigo agregó que cuando interrogaron al director general de Trabajo Javier Guerrero éste les explicó que el convenio marco "desplazaba la ley general de Hacienda Pública y el decreto 254/01" que abordaba el reglamento de subvenciones, de tal forma que estas normativas "quedan desplazadas de manera irregular durante nueve años y se dejan de cumplir determinados requisitos".

En opinión del funcionario, las "escasas exigencias que establecía el convenio marco, también se incumplían en algunas de las ayudas" que han investigado y así citó expresamente que en algunas "no había convenio particular" para la tramitación de las ayudas, y también dijo que "para empezar el convenio marco estaba expirado". "Lo poco que viene en el convenio se incumple", sentenció.

El testigo reiteró que hubo un "menoscabo", al haberse "consumado en un daño real" a las arcas públicas, por cuanto en algunas ayudas no se aportaba la finalidad de interés público, no había fiscalización previa y "se otorgaba un importe superior al necesario" para el pago de las prejubilaciones.