Un concejal puso trabas a la investigación de la perrera en Torremolinos

La Guardia Civil no pudo tomar declaración a dos funcionarias del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torremolinos sobre las múltiples irregularidades detectadas en la investigación de Parque Animal, porque uno de los concejales del equipo de gobierno que preside el alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), lo impidió. Así consta en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado, que refleja que dos semanas antes de que se destapara en noviembre de 2010 el presunto exterminio de animales llevado a cabo durante años en el centro Parque Animal, que tenía la concesión municipal para la recogida de perros y gatos abandonados del municipio desde 2001, el concejal de Medio Ambiente, Plácido González Guzmán, prohibió a las trabajadoras hablar con un agente sin un mandamiento judicial.

Según este documento, al que ha tenido acceso este periódico, las dos trabajadoras estaban supuestamente relacionadas con el expediente de la asociación sin ánimo de lucro que gestionaba el centro, y que presuntamente pagó entre 2005 y 2006 unos 55.487 euros en varios cheques y sin factura a una empresa propiedad del hermano y del sobrino del regidor de Torremolinos por una obra realizada en Parque Animal y que aparece en un informe del Seprona que obra en manos del juzgado de instrucción número 5 del municipio.

En la documentación relativa a Parque Animal que la Guardia Civil había requerido al Ayuntamiento de Torremolinos semanas antes de que saltara a la luz el escándalo de los sacrificios de casi 3.000 animales entre 2008 y 2010, que derivó en la detención de la responsable del centro, Carmen Marín, y dos empleados, los investigadores habían detectado presuntas irregularidades en el expediente del servicio de recogida y albergue de perros y gatos abandonados.