La juez María Núñez Bolaños ha confirmado la fianza civil de 353.353,96 euros impuesta al ex secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO Juan Antonio Florido, tras su imputación en la causa de los ERE fraudulentos durante la segunda fase de la denominada operación Heracles. En un auto, la magistrada rechaza el recurso de reforma presentado por la defensa del sindicalista, que había alegado error en la motivación de la resolución al considerar que "no existen indicios" de su presunta actividad delictiva, si bien de manera subsidiaria solicitaba la reducción de la cuantía de la fianza. 

En la resolución, la juez señala que las alegaciones vertidas por la defensa ya fueron tenidas al dictarse el auto en el que se impuso la fianza, a lo que añade que "la excedencia alegada era derivada de su cargo sindical electo en Fiteqa-CCOO y que, frente a lo que recoge el atestado de la UCO sobre las tres pólizas abonadas directamente por Vitalia nada se desvirtúa porque no acredita los servicios jurídicos remunerados". 

La juez también rechaza reducir la cuantía de la fianza porque la misma se ajusta "a las cantidades por las cuales podría responder en atención a los hechos que se investigan relacionados con el recurrente y que quedan debidamente justificadas y argumentadas en la resolución recurrida". La Fiscalía Anticorrupción aseguró en su día que Alaya imputó a este sindicalista que había mantenido una "estrecha relación" con la mediadora Vitalia, a través de su delegado Jesús Bordallo, y que llegó a realizar "labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades". Alaya dijo que Florido ejerció como "facilitador" para Vitalia, aportando información sobre las empresas en crisis y ofreciendo "un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada". 

La juez detalló la participación del imputado en el ERE de Hytasal, por el que percibió una renta de 221.543,29 euros, y su participación en el ERE de Intersur, donde aparecieron tres intrusos. 

La Fiscalía insistió en su momento en que había que continuar investigando si las pólizas percibidas fueron concertadas con la federación para el pago de la indemnización del sindicalista y que, según éste, habían sido devueltas mediante un ingreso en 2012, pero el fiscal concluye que la certificación que el sindicalista acompañó a su recurso de reforma "no desvirtúa los indicios de la presunta ilicitud de su percepción puesto que en todas ellas el tomador es una empresa vinculada al grupo Vitalia". 

La juez Mercedes Alaya había impuesto inicialmente esta misma fianza al ex dirigente de CCOO pero en enero de 2014 decidió levantársela, al estimar el recurso de la defensa del imputado, y mantener únicamente la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado, al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le atribuyen. La Fiscalía recurrió para que se le volviera a imponer dicha medida.