La juez María Núñez Bolaños ha rechazado que se impute en el caso de los ERE fraudulentos a todos los trabajadores que se "lucraron" con las ayudas concedidas con fondos públicos, una decisión que la magistrada argumenta en que estas personas "no han participado, salvo prueba en contrario, en la elaboración del plan, entramado, estrategia o proceso alguno a fin de obtener un enriquecimiento ilícito, en perjuicio del erario público".

Así lo explica la titular del juzgado de Instrucción número 6 en un auto en el que ha desestimado la petición del dueño de Uniter, el empresario jerezano José González Mata, de que se archive la causa contra él. Dice la instructora que "no bastaba alegar el carácter privado de la comisión que percibía" este mediador de las pólizas con la que se pagaban las ayudas "para solicitar, sin más, el sobreseimiento libre, debiéndose tener en cuenta los indicios existentes sobre su participación en la elaboración y puesta en marcha de todo un entramado y proceso del que resultó gravemente perjudicado el erario público, sin hacer mención a los pagos directos a la entidad Uniter en el año 2010 por importe de 452.468,25 y 408.304,89 euros", así como el pago cruzado que ordenó el entonces director de Trabajo por otros 1,2 millones de euros. La juez añade que de lo investigado "resulta posible que José González Mata desde 2001 a 2010 participara de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos, mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero Antonio Fernández", hechos que podrían ser constitutivos de nueve delitos, entre ellos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.