Los sindicatos ANPE, CCOO y CSIF -integrantes de la Mesa Sectorial de Educación- y la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) exigen que la vuelta a los centros educativos, tras la sugerencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de abrir los colegios a mediados de mayo como una de las primeras medidas de desconfinamiento, se haga "sólo si se dan las garantías de seguridad y salud".

Así, el presidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, considera, en declaraciones a Europa Press, que se trata de una sugerencia "un tanto precipitada" porque "no sabemos cuándo va a comenzar la fase de 'desescalada' ni cómo se va a organizar". Añade que "mientras Sanidad no lo autorice, no sería posible la apertura de los centros educativos", en los que, además, "muy difícilmente se pueden mantener las medidas de distancia social".

Asimismo, cuestiona que vaya a haber dotación de mascarillas y otros elementos de seguridad para el profesorado y alumnado en una fecha tan próxima. "Son espacios de gran concentración de personas y de mucho contacto", añade Padilla, quien califica de "atrevida". esta propuesta.

Declaraciones "contraproducentes"

Desde CCOO critican que el presidente de Andalucía haga unas declaraciones "cuanto menos, contraproducentes", pues "se continúa en estado de alarma, aún sin saber si habrá más prórrogas, y se sigue con un alto número de contagiados y fallecidos". Para el secretario general de la federación de enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, "estas declaraciones son más políticas que acordes a las indicaciones sanitarias". "

CCOO indica que los informes "apuntan a que los niños no deben volver a los centros educativos hasta septiembre", pues "los colegios con miles niños juntos, que, una vez finalizan su jornada escolar, en una mayoría de casos son recogidos por sus abuelos, son una fuente de contagio enorme, según las propias autoridades sanitarias". "Ésta es una consideración que debe estar por encima de contentar a padres que tengan que incorporarse a trabajar", añade Molina.

Para este sindicato, la información que transmiten las autoridades sanitarias sobre la una incorporación progresiva "es más coherente, siendo el profesorado el primero en incorporarse, en condiciones de seguridad, y, en segundo lugar, en junio, el alumnado de Bachillerato que tiene que realizar la Selectividad". "Ello, haciendo desdobles de clases para respetar la distancia social y equipando a los centros de material sanitario suficiente para evitar la propagación del coronavirus", señala el representante de CCOO.

Con todas las medidas de seguridad

Por su parte, CSIF Andalucía considera "poco afortunadas e inquietantes" las declaraciones de Moreno porque "no es de recibo tratar con este tipo de ligereza una cuestión de calado como la vuelta a las aulas de docentes y alumnado, augurando unos plazos de regreso en virtud de unos criterios que desconocemos y obviamente no son criterios técnicos desde el punto de vista sanitario y de seguridad". El sindicato exige que "profesorado y alumnado sólo se incorporen si se dan todas las garantías de seguridad y salud para ello".

"Desde CSIF no vamos a consentir que se produzca una incorporación a la ligera, ya que lo que debe prevalecer en todo momento es la protección, la prevención y la seguridad", manifiesta la presidenta del sector de educación de CSIF Andalucía, Elena García, que considera que "no se pueden lanzar campanas al vuelo a pesar de que nuestra región tiene datos menos malos que otras comunidades, porque seguimos estando en una pandemia y lo primero es garantizar la seguridad y la salud de la población".

Colectivos de riesgo

En este sentido, se pregunta "si el Ejecutivo andaluz tiene ya resuelto cómo salvaguardar las distancias de seguridad de dos metros entre las personas en las dependencias educativas, así como la cuestión del incremento de desplazamientos que implicaría la vuelta al trabajo presencial de miles de docentes que ejercen su labor fuera del término municipal en el que residen".

Igualmente, García se refiera a las personas de riesgo que, en cualquier caso, "no deberían incorporarse a sus puestos de trabajo, como pacientes crónicos, mujeres embarazadas, mayores de 60 años o trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de menores o mayores".