La corrupción se instala en la Costa del Sol
El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fue acusado y detenido por malversación, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
La corrupción sigue instalada en la Costa del Sol y en 2008 se trasladó a Estepona. El municipio, vecino de Marbella y con una historia política casi paralela durante la etapa del GIL, se despertó la mañana del 17 de junio con la detención de su alcalde, Antonio Barrientos, en ese momento uno de los cargos públicos más destacados del PSOE de Málaga. Acusado de malversación, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, el regidor fue arrestado junto a una veintena de concejales, técnicos municipales y empresarios por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento. De momento hay 63 imputados y con previsión de ir subiendo, aunque la investigación podría sufrir una demora por el traslado de la instructora, Isabel Conejo, a un juzgado de nueva creación en el mismo partido judicial.
La juez ordenó el ingreso en prisión provisional de Barrientos y del considerado núcleo duro de la trama que investiga la llamada operación Astapa: José Ignacio Crespo y Manuel Reina, concejales del PES y ex giles; y el hombre de confianza del alcalde, José Flores. Los cuatro abandonaron el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre el pasado 10 de diciembre, casi seis meses después de que estallara el caso.
¿Qué irregularidades se cometieron en el Ayuntamiento de Estepona durante la era Barrientos? Las presuntas ilegalidades arrancan durante el mandato anterior (2003-2007), cuando el ex regidor –dejó su cargo y su acta de concejal nada más entrar en la cárcel– se apoyó en el PES para gobernar. Para la instructora, Barrientos encabezaría una estructura tejida en torno al Ayuntamiento para obtener fondos de los promotores y empresarios con intereses en el municipio. Ese dinero se destinaría, presuntamente, no sólo a financiar actos públicos y privados de los partidos, sino al enriquecimiento personal, según la juez.
Uno de los métodos utilizados para estos fines sería la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos para aumentar las plusvalías de los promotores. A cambio, "se les solicitaba el pago de dinero", sostiene Conejo en el auto de prisión de Barrientos dictado en junio. Pero el suelo no era el único instrumento de financiación ilegal supuestamente utilizado por el ex alcalde. La juez también pone en tela de juicio su política de contratación de personal, guiada más por la “afinidad política” que por la legalidad, o la contratación pública de obras y servicios. Familia y amigos eran los primeros.
Una de las consecuencias de la operación Astapa ha sido la débil situación en que ha quedado el gobierno local que preside el socialista David Valadez. Con Barrientos cayeron los cuatro ediles del PSOE Francisco Zamorano, Marisa Rodríguez, Mariví López y Asunción López, que están en libertad bajo fianza y acusados de cuatro delitos. Fueron expulsados por su partido, pero se negaron a dejar su acta de concejal y se quedaron en la oposición, en el grupo de no adscritos. A este grupo llegó también el concejal Rafael Montesinos, que se dio de baja en el PA tras ser imputado, y dos ediles del PES avergonzadas por la detención de sus compañeros Crespo y Reina. La última incorporación fue la de la edil socialista María Miralles, también expulsada de su partido y obcecada en no abandonar el Ayuntamiento.
Con este panorama, David Valadez se enfrenta a un auténtico galimatías para gobernar, situación agravada por el mal estado en que se encuentran las arcas municipales. El PSOE, ahora con seis concejales, se apoya para gobernar en un edil de IU, otro del PA y la de Estepona 2007. En la oposición hay 16 escaños: cinco del PP, ocho del grupo de no adscritos y tres del PES. Los populares han insistido en varias ocasiones en la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones anticipadas, pero el PSOE nunca ha recogido el guante y se ha limitado a invitarlos a gobernar.
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