Hasta el momento, el cribado de cáncer de colon que está realizando la Junta se extiende al 17% de la población diana, aquellos andaluces con una edad comprendida entre los 50 a 69 años, y lo que ha hecho el Gobierno andaluz es asegurarse un presupuesto bianual para que en 2020 se haya llegado al 100%. El PSOE ha criticado que una de las medidas que ha aprobado el nuevo Ejecutivo este martes no es una novedad, ya que el plan lo había anunciado Susana Díaz en 2018 y se había puesto en marcha. 200.000 cartas ya han sido enviadas a parte de la población diana.

Según el consejero de Salud, Jesús Aguirre, el Gobierno ha librado ahora 5,5 millones de euros para 2019, lo que permitirá agilizar los trámites y, para 2020, se amplía la cantidad hasta llegar a los 10 millones de euros. Con independencia de la polémica política, esta sencilla prueba se extenderá a unos dos millones de andaluces. Aquellos que den un positivo, tendrán que hacerse una colonoscopia, que es donde se forma el cuello de botella de los pacientes potenciales. El Gobierno no ha dado plazos para esta última prueba.

El Gobierno de Susana Díaz ya había comenzado con la campaña de publicidad del cribado y estaba enviando las cartas a los usuarios del SAS, lo que ha motivado que el PSOE critique lo que entienden como una apropiación de la medida.

Lo cierto es que este sencillo diagnóstico se retrasa desde hace muchos años. Manuel Chaves lo anunció en 2004, como un servicio que iba a adoptar el SAS, pero no fue hasta marzo de 2018 cuando el actual presidente, entonces dirigente del PP, lo solicitó ante el Parlamento. Tal como se ha encargado de recordar este martes Elías Bendodo, el padre del presidente de la Junta había fallecido, recientemente, a causa de este tipo de tumor.

Poco después de esta petición, Susana Díaz lo incorporó como medida propia en la Consejería de Salud y, de hecho, se comenzó a aplicar.

Otra de las medidas relacionadas con la Salud y aprobada en este Consejo de Gobierno también proviene del anterior equipo: la asistencia, mediante un decreto, de podólogos para los diabéticos. El Gobierno de Susana Díaz no lo aprobó porque el Consejo Consultivo estimó que la figura de decreto no se ajustaba al de un Ejecutivo en funciones.