El ex secretario general del IFA Francisco José Oyonarte ha declarado este martes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que la Consejería de Empleo "nunca" entregó los expedientes de las ayudas que pagaba la agencia IDEA a pesar de que dicha documentación le fue requerida por el director general.

El testigo ocupó el cargo durante 16 meses, entre febrero de 2003 y junio de 2004, y ha explicado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra que entre sus funciones se encontraban la de "asesorar sobre la legalidad de los acuerdos que adoptaba el Consejo Rector" del IFA.

Así ha explicado que existía un criterio que consideraba que las transferencias de financiación eran "finalistas" y el IFA lo único que tenía que hacer es "pagar" las ayudas, mientras que él no estaba de acuerdo con esa interpretación y su opinión era que si los fondos de Empleo entraban en la "Caja del IFA" debían salir aplicando las "normas sobre los límites competenciales" del Instituto; esa fue una "cuestión eterna" durante el tiempo que fue secretario general, ha puntualizado.

El testigo ha indicado que el entonces director general del IFA, Francisco Mencía –ya fallecido-, recibió un sobre voluminoso con muchos convenios y tras examinarlos consideró que había tres convenios relacionados con las ayudas a Primayor, Atarazanas de Constantina y al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto que no podían ser firmados por el director general porque superaban el límite de los 450.000 euros, por lo que debían ser llevadas al Consejo Rector.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández defendía, según el testigo, que cuando una ayuda individual de un trabajador no superaba los 450.000 euros podía ser firmada por el director general.

Al final, el testigo reconoció que no consiguió cambiar el criterio, citando el proverbio latín "Roma locuta, causa finita" (Roma ha hablado, la causa está acabada).

Según Oyonarte, que estuvo imputado durante unos días, planteó la posibilidad de solicitar los expedientes de las ayudas de estos convenio, que Mencía pidió y "posiblemente" también lo hiciera la jefa de la asesoría jurídica, pero la Consejería de Empleo "no los mandó" y "nunca" llegaron, y aunque no tenía duda de que el centro directivo los habría tramitado con corrección, como no enviaron los expedientes "no se pudo informar" sobre los mismos. Tan sólo pudieron revisar las "dos o tres carillas" que figuraban en los convenios particulares que mandaba la Dirección General de Trabajo.

Esos tres convenios fueron examinados en una sesión del Consejo Rector del IFA del 27 de mayo de 2003 y según el testigo en el caso de Pickman "no fueron respetados los límites legales", aunque "sí se atuvieron a la legalidad en líneas generales" en el resto de acuerdos adoptados por el Consejo Rector. El testigo se dio por satisfecho porque en dos de esas ayudas se ratificaron en este órgano de dirección del IFA y la de Primayor se retiró del orden del día.

En su opinión "técnica", hubo una vulneración de los límites competenciales, pero al ser preguntado sobre si se produjo alguna ilegalidad, respondió que eso "debe dilucidarlo la Sala", en alusión al tribunal que juzga a los 22 ex altos cargos. No obstante, Oyonarte ha afirmado a continuación que "nunca vio una vulneración de la legalidad material y formal", circunstancia por la que no puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía o de los tribunales. "No tengo el menor indicio de que los acuerdos del Consejo Rector no se ajustaran a la legalidad, respetaban la legalidad formal y material", ha remarcado.

"Una persona incómoda" en la Consejería

El testigo ha dicho que desde Empleo siempre pedía una "agilidad absoluta y que en cuanto se firmara el convenio, se pagaran" las ayudas, por lo que dijo que había "presiones" por las "prisas desorbitadas" porque afectaban a situaciones de crisis, y Mencía decidió firmar lo que eran inferiores a los 450.000 euros. "Exigían rapidez, rapidez…, pagar, pagar…, como si lo empleados del IFA fuéramos caballos de carrera", ha señalado Francisco Oyonarte, que a preguntas de las defensas ha reconocido que fue una "persona especialmente incómoda para algunas personas con las que coincidió en la Consejería".

El testigo ha matizado que no recibió presiones personalmente, pero con "esas prisas y agobios se sintió en un ambiente de trabajo muy complicado".

Oyonarte ha apuntado que el convenio marco del 17 de julio de 2001 "no le llamó demasiado la atención" porque por sí solo no llevaba aparejado "obligaciones económicas.

Por último, ha señalado que Mencía le dijo que el consejero José Antonio Viera le había pedido que "cambiara el IFA y lo volviera como un calcetín", y ha asegurado que él consiguió "que el barco virara el rumbo aunque no le dio tiempo a pilotar la travesía".