La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha decidido sobreseer provisionalmente la causa contra el ex director general de Finanzas de Idea Juan Vela Quiroga, en relación con las ayudas concedidas a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) –en la actualidad Agencia de Medo Ambiente y Agua de Andalucía-, si bien este investigado continúa imputado en otras piezas de los ERE fraudulentos, entre ellas la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas.

La decisión de la instructora se produce en contra del criterio manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a la petición de archivo solicitada por la defensa del ex alto cargo al entender que “la fase de investigación, vistas las diligencias interesadas no se considera concluida, y por ello resulta precipitado valorar ahora la persistencia y solidez de los indicios de criminalidad existentes en las actuaciones respecto del conocimiento y participación del investigado en la obtención y pago de esta ayuda”.

La acusación particular que ejerce la Junta, por el contrario, había solicitado el archivo contra este imputado, al constatar la “actuación final de mero pagador” de la agencia Idea en el procedimiento específico y “no existir indicio alguno específico de la participación de Juan Vela en el expediente de Egmasa”.

En cuanto a las diligencias solicitadas por Anticorrupción, la instructora ha accedido a la práctica de las mismas, que consisten en requerir a Egmasa copia de las acta de los consejos de Administración desde enero de 2003 a diciembre de 2006, así como del expediente personal de los trabajadores Antonio Márquez García y Manuel Verano Martínez.

La juez ha requerido igualmente a la Intervención General de la Junta de Andalucía que aporte copia de los informes de control financiero permanente realizados por Egmasa entre 2003 y 2006, con indicación y aporte de cuantos informes de actuación y/o adicionales se hubieran emitido sobre dichos ejercicios que “versaren de manera directa o indirecta sobre la suscripción y pago de la póliza y sobre el ERE aprobado en 2003”.

En la investigación por el ERE de Egmasa había 16 personas imputadas por su posible responsabilidad en un "presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía" mediante su entrega a la empresa Egmasa para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003. El expediente se presentó el 30 de junio de ese año para la extinción de 373 puestos de trabajo por "causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca", de lucha contra incendios.

La magistrada destacó en un auto que todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa, en donde a la fecha el ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años".

Bolaños explicó entonces que "sin solución de continuidad", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2004, aprobando la extinción de las relaciones laborales de esos 373 trabajadores.

En octubre de 2003 se firmó un protocolo de colaboración entre Guerrero y el responsable de la empresa Eginasa, Javier Serrano Aguilar, por el que la dirección general de Trabajo se comprometía al pago de las primas por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que Egmasa se comprometía a aportar para el mismo fin 2.404.048 euros.

El importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta de Andalucía para el pago de la indemnización por despido colectivo de estos trabajadores a través de un plan de rentas ascendió, al menos, a 21.673.680 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde 2004 hasta 2010 por la agencia IDEA suman 16.069.391,88 euros, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados "pagos cruzados" ordenados a IDEA por los sucesivos directores generales de Trabajo durante los años respectivos.

Dice la magistrada que la ayuda se dio con el "conocimiento y consentimiento tanto del entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran respectivamente presidente y vicepresidente del IFA".

En una de las pólizas por este ERE se introdujo un suplemento mediante  el cual se modificaron las prestaciones de 349 trabajadores, introduciendo una renta vitalicia en concepto de complemento, que se hará efectiva por meses vencidos y que supuso un coste para la Junta de 7,5 millones. “Este cambio en las condiciones, mediante la introducción de una renta vitalicia, no estaba contemplado en la negociación del ERE entre empresas y sindicatos, y no tiene justificación alguna, pues las prestaciones pactadas finalizarían en todo caso cuando el trabajador prejubilado alcanzase la edad de 65 años, momento en el cual pasaría a cobrar la pensión ordinaria de jubilación” de la Seguridad Social.