El dueño de Uniter acusa a la juez Alaya de querer su "muerte civil"

El abogado del dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, que el pasado día 18 de junio ingresó en prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros por orden de Mercedes Alaya, la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla su puesta en libertad sin fianza y ha criticado que la instructora del caso "ha pretendido la muerte civil" de su cliente. A juicio del letrado Juan Pedro Cosano, a González Mata "se le ha desposeído sin ningún miramiento de todo cuanto poseía, su propia imagen, su intimidad, su dignidad profesional, su honra y su reputación".

El martes pasado Cosano recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros dictado por la juez Alaya, recurso que se suma al escrito presentado ante la propia magistrada y en el que le pide que reduzca "drásticamente" la fianza impuesta dada la "insolvencia" de su defendido y la sustitución de la cantidad en metálico que se determine por la presentación de un aval bancario solidario.

En un recurso con un tono muy duro, el letrado del imputado asevera que "lo que se quería" con la prisión bajo fianza de 600.000 euros "era facilitar la imagen de mi cliente esposado y conducido a un centro penitenciario", punto en el que ha aludido a la situación del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que se encuentra en libertad sin fianza pese a "que se ha dicho que ocupa el vértice de la pirámide de la trama".

El abogado critica, en este sentido, que mientras su cliente se encuentra privado de libertad, otros imputados "a los que se atribuyen conductas incluso más graves, se encuentran en libertad y sin fecha fijada para ser oídos en declaración", a lo que se suma que "se demoran decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de la competencia y la jurisdicción", en clara alusión al caso del ex consejero de Empleo y actual diputado nacional José Antonio Viera.

"No sabemos por qué oscuras razones, pues no será porque se tema que el Tribunal Supremo no vaya a mantener igual dedicación u observar igual perspicacia que la actual instructora", lamenta, añadiendo que el proceso judicial, "cada día que pasa, toma más caracteres de causa general", ya que "se comenzó investigando una docena de intrusos y a día de hoy ya se está poniendo en tela de juicio el papel constitucional de los sindicatos, piezas esenciales de nuestro Estado de Derecho".