Los ecologistas llevan al Supremo el proyecto de Las Aletas en Cádiz

La entidad ecologista WWF-España volverá a recurrir ante el Tribunal Supremo el nuevo proyecto para poner en marcha el polígono industrial de Las Aletas, en el término municipal de Puerto Real, en Cádiz.

Así lo comunicó en declaraciones a este periódico el secretario general del grupo conservacionista, Juan Carlos del Olmo, quien afirmó que, pese a no conocer en detalle el proyecto, tienen claro el objetivo. "No podemos aceptar que se desprenda un trozo de dominio público, que es patrimonio de todos, cuando hay alternativas", dijo. Del Olmo añadió que "hay otros polígonos que están vacíos, no es necesario destruir esa superficie para construir un polígono industrial cuando, además, la rentabilidad económica de futuro no está demostrada, no hay ningún estudio serio que abunde en ese sentido".

En segundo término, el portavoz de WWF expresó que toda la superficie de Las Aletas "es una marisma natural en perfectas condiciones para ser inundable si se quiere, y ahora no lo está porque las vías de entrada de agua están tapadas artificialmente".

El tercer gran argumento que siguen manejando los ecologistas es que "no podemos permitir que se haga esto con este espacio porque supondría un gravísimo precedente para todo el litoral de España". Al respecto, Juan Carlos del Olmo insistió en que "el proyecto de Las Aletas es una vieja promesa política que ha ido cambiando en función de quién ocupa las administraciones, pero no ha habido aún un político valiente que se atreva a decir que se trata de una iniciativa sin futuro".

Hay que recordar que, esta semana, el consejo rector de Las Aletas se reunía en Cádiz para dar a conocer la redefinición de esta actuación. Básicamente, tanto la presidenta del Consorcio, Pilar Platero (subsecretaria del Ministerio de Hacienda); como la vicepresidenta, Susana Díaz (consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía), insistían en el consenso político para desarrollar de una vez por todas esta ambiciosa planificación. Para cumplir con la sentencia del TS que propició precisamente la denuncia de WWF en el año 2009, los planes pasan ahora por reservar 240 hectáreas de las 527 hectáreas totales como zona medioambiental, dejando las 287 restantes para actividad productiva, básicamente logística ligada al puerto de Cádiz, e industrial.