Nuevo y decisivo jalón en la negociación del tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado este miércoles el adelanto de las elecciones generales en Reino Unido para el próximo 4 de julio, una decisión cuya consecuencia directa es la probable y lógica suspensión de las conversaciones que su Ejecutivo saliente mantiene con la Comisión Europea y que ya se desarrollaban a contrarreloj y con la mirada puesta en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.

Ambos comicios propiciarán en apenas unos meses un posible cambio de los actores principales sobre los que pivotan las conversaciones. Primero, porque de las elecciones al Parlamento Europeo saldrá una nueva eurocámara que deberá ratificar cualquier acuerdo que se adopte con una también renovada Comisión Europea. Y en las islas británicas, un nuevo gobierno deberá tomar las riendas de la negociación con la incertidumbre de si será de signo conservador, con Sunak al frente, o laborista, como pronostican los sondeos.

Todos estos cambios políticos pueden implicar, a su vez, ajustes de calado en los asuntos ya acordados por los actuales negociadores de la UE y británicos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español consultadas por esta redacción mantienen al respecto que si bien "la negociación política" queda paralizada, "los contactos técnicos" pueden seguir adelante, si bien no han aclarado si el acuerdo sobre el tratado sería posible en el contexto presente.

La paralización de las negociaciones, que habían acrecentado su ritmo desde el pasado mes de abril precisamente por la cita electoral comunitaria, ya se produjo en dos ocasiones previas: por las elecciones generales en España de julio de 2023 y por los comicios en Gibraltar de octubre del pasado año.

Picardo insiste en negociar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado a la GBC (Gibraltar Broadcasting Corporation) que pese a la convocatoria electoral británica se mantendrán las conversaciones. Aunque en teoría no se podrán adoptar acuerdos a escala comunitaria al estar el Gobierno británico prácticamente en funciones, el parón en el tratado no quita que España y Gibraltar puedan mantener activos algunos contactos a una escala inferior para acordar asuntos de índole más doméstica.

“Al disolverse la Cámara de los Comunes y convocarse elecciones generales, quiero dar las gracias al primer ministro y al ministro de Asuntos Exteriores, lord David Cameron, por el apoyo que han prestado en los últimos meses a Gibraltar en el contexto, principal pero no únicamente, de las negociaciones con la UE y España sobre un futuro Tratado entre el Reino Unido y la UE para Gibraltar" ha añadido Picardo en un comunicado posterior.

"También quiero dar las gracias a todos los miembros del Grupo Parlamentario Multipartidista para Gibraltar (All Party Parliamentary Group for Gibraltar-APPG) por su apoyo en los últimos cuatro años, desde las últimas elecciones generales en el Reino Unido. Muchos de estos parlamentarios han apoyado a Gibraltar durante décadas y muchos de ellos, como el presidente del APPG, Sir Bob Neil, se jubilan en estas elecciones. Espero seguir trabajando con el actual y el próximo Gobierno del Reino Unido en todos los asuntos relacionados con Gibraltar", ha concluido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, sostuvo hace apenas una semana que el tratado estaba cerca y que abriría una nueva etapa de convivencia para dar respaldo a todos los flecos de la relación entre los territorios vecinos. Así, las conversaciones buscan dar una respuesta global a cuestiones cotidianas como los derechos de los trabajadores españoles en la colonia, tanto los actuales como los futuros o para permitir un uso conjunto del aeropuerto.   

El Gibrexit

Gibraltar no estaba ni está incluido en el gran acuerdo de retirada acordado por Bruselas y Londres en 2020. La colonia británica requiere de una solución pactada aparte entre la UE y Reino Unido que necesitará, en todo caso y como condición, el visto bueno de España. Esto es lo que se lleva negociando desde octubre de 2021 con el objetivo último de incorporar el Peñón al espacio Schengen y crear una "zona de prosperidad compartida" con el Campo de Gibraltar con el "derribo" de la Verja, lo que situaría en el puerto y en el aeropuerto llanitos los controles policiales europeos. 

Los principales escollos con que los negociadores se han encontrado en todo este proceso son cinco. El primero es la negativa de Gibraltar a equipar las pensiones que cobran los extrabajadores españoles en el Peñón -y las que, en un futuro, cobrarán quienes hoy siguen trabajando allí- con las de los gibraltareños. La diferencia en la percepción del conocido como community care entre los jubilados llanitos y los españoles (más los de otras nacionalidades) ronda en la actualidad las 400 libras al mes (alrededor de 460 euros), según las fuentes consultadas. No obstante, se ignora cuántas personas reciben hoy en día esa pensión al tratarse de datos que maneja y guarda celosamente el Ejecutivo del Peñón.

Vista de Gibraltar, La Línea y San Roque desde el Peñón.

Además, los negociadores británicos se han negado hasta ahora a aceptar la trasposición directa y más o menos estricta de la normativa europea a la legislación del Peñón. En materia de vertidos, por ejemplo, Gibraltar conduce a través de emisarios submarinos buena parte de sus aguas residuales al mar sin depurar y el bunkering (el repostaje de barcos en la Bahía de Algeciras a través de grandes gabarras) se desarrolla por parte de empresas gibraltareñas con estándares diferentes a los de la UE.

También ha costado encontrar un consenso en torno a la armonización fiscal de Gibraltar con la UE, un aspecto recogido en el acuerdo de la Nochevieja de 2020 entre España y Reino Unido. El Gobierno del Peñón rechazaba de plano equiparar el IVA y los impuestos especiales (sobre las bebidas alcohólicas, el tabaco, los hidrocarburos, el juego...) que rigen en España a las figuras impositivas de la colonia porque, no en vano, gran parte de los ingresos de esta última derivan precisamente de una baja tributación que atrae a miles de empresas.

La cuarta clave es la que hasta ahora ha tenido más relevancia, al menos a nivel público: el control policial del puerto y del aeropuerto. Para la UE, si desaparece la Verja, sus fronteras exteriores pasarán a estar en ambos puntos y la responsabilidad de su vigilancia corresponde a las autoridades policiales y aduaneras españolas -como estado más próximo- con el apoyo temporal de Frontex, la agencia europea de fronteras; para el Ejecutivo de Picardo, esas posiciones son irrenunciables y una suponen una cuestión de honor: “This is our land”, proclamó hace meses el ministro principal bajo la premisa de que “ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto ni en el puerto de Gibraltar”.

La cuestión militar

Uno de los principales escollos tiene que ver con el uso del aeropuerto y puerto gibraltareños, dos instalaciones militares que, a juicio de muchos, son la razón de ser de Gibraltar desde su ocupación por parte de la flota anglo-holandesa en 1704. Con una frontera abierta, la UE, en este caso, desea establecer un sistema de información que le permita conocer qué buques y qué aviones llegan al Peñón y con qué propósito hacen escala. La CE, de nuevo se topa con noes rotundos, en este caso, los de la Royal Navy y la Royal Air Force.

Mientras tanto, se mantienen suspendidas determinadas obligaciones en la Verja, principalmente, el control y sellado de pasaporte para los gibraltareños. Esta medida, acordada como gesto de cordialidad y buena vecindad mientras durasen las negociaciones, supone una anomalía en el espacio Schengen ya que permite la entrada diaria en territorio europeo de miles de ciudadanos sin que se lleve a cabo una verificación exhaustiva de quiénes son.