Los chicos se están inquietando, se retuercen sobre sus sillas, se despatarran, ponen los pies apoyados en la del compañero de delante, una come avellanas; es como la última clase del viernes en un colegio, pero el aula no es tal, sino la sala de la Audiencia de Sevilla donde se celebra estos días el juicio del caso de los ERE. El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, les ha llamado la atención, un poco de solemnidad, señores, "decidir sobre la culpabilidad de una personas no es ninguna broma". "Compórtense", insiste. El día anterior había llamado la atención a el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, pero esta vez hace un llamamiento general. Un aviso a todos. Vallejo padece una hernia de disco, otro día se indispuso en la sala y tuvo que ser operado de vesícula; un cuadro, se excusa su abogada, es normal que se mueva, señoría. El magistrado Calle ha pasado a la ofensiva de las formas. Esta misma semana, antes de corregir el relajamiento postural de los enjuiciados, también corrigió a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo. No sea tan "arrogante" en sus respuesta porque la Fiscalía no lo es en su pregunte. Disculpe, no era mi intención, responde.

La declaración de Martínez Aguayo había levantado cierta expectación. Ella fue viceconsejera (2004-2009) de José Antonio Griñán cuando el ex presidente dirigió la Consejería de Hacienda; después fue consejera (2009-2013) de un nuevo Ejecutivo llamado a relevar a los consejeros del Antiguo Testamento, aquellos que crecieron a la sombra de Chaves, Zarrías y del propio Griñán. Era un grupo de técnicos, preparados, una segunda andanada de cargos socialistas cualificados que pasó a la historia a causa de la instrucción de la juez Mercedes Alaya. Ninguno de ellos está ahora en política. La Presidencia de la Junta pasó de Griñán, que hizo la Transición, a Susana Díaz, nacida en los setenta. Pero Martínez Aguayo ha sido algo más; fue una escudera de Griñán, su cargo más leal. ¿Arrogante? Bueno, puede ser. Quienes la conocieron cuando dirigió el Servicio Andaluz de Salud (SAS) o con quienes trató cuando intentó reformar el funcionariado de la Junta desde Hacienda opinarán algo parecido, pero no es altiva, más bien es firme como una roca, pero tan transparente como el agua, alguien incapacitada para mentir porque se le notaría. Otra cuestión es que esté equivocada.

Aquella rueda de prensa, la del harakiri, fue el peor momento de su vida política

En marzo de 2010, un grupo de periodistas asistimos atónitos al harakiri de Martínez Aguayo en la sede de la Consejería. Algunas informaciones relacionaban al entonces presidente, Griñán, con el caso, puesto que en su tiempo de consejero de Economía debió recibir algunos reparos del interventor general por el modo de conceder estas ayudas a trabajadores afectados por ERE. Martínez Aguayo (era consejera de Hacienda) asumió ese día que los informes de la Intervención llegaban a ella, pero que nunca, "nunca", se los entregó al presidente porque no llevaban el código rojo, el que advierte de un menoscabo de fondos públicos. Aguayo compareció con dos carritos cargados de informes de la Intervención, los que se había recibido en la última anualidad. Nos contó que no se los podía leer todos, que tenían sus remitentes en las consejerías afectadas y que sólo atendía aquellos informes que fuesen de actuación, los del código rojo. Por eso no se los dio a Griñán. Ni lo habló con él. Nunca comprendimos aquello. ¿Se trataba de un sacrifico personal, con posibles repercusiones penales, para salvar a un presidente?

Alguien que le conoce, valora: "Fue el peor día de su vida profesional". Con su pelo corto, acento castellano y tono sobrio, Aguayo era de fiar, podía tener razón o no, pero no era dada a la venta de motos ni al histrionismo. Aquella rueda de prensa dejó a todos bastante dubitativos.

Siete años después, Martínez Aguayo sigue explicando lo mismo, no ha cambiado la versión ni se ha desviado un ápice de ese camino. Ni en la declaración que ha realizado esta semana en la Audiencia ni en el Supremo. Aunque Griñán también está siendo procesado. Nunca le informó. Ella sostiene, y en eso acierta, que el interventor no apreció indicio de delito ni menoscabo de fondos; según Aguayo, lo que hubo con la Intervención fueron discrepancias administrativas sobre el modo de nutrir presupuestariamente esa partida de subvenciones. Los informes de Intervención son una de las claves del caso porque no advierte menoscabo ni fraude ni intrusos, pero deja constancia de una laxitud muy preocupante. El interventor también está siendo juzgado y a Aguayo le piden seis años de prisión.

La ex consejera es hoy médico en un centro de Salud del distrito de Triana, en Sevilla. Bata blanca y horario. Nacida en Madrid en 1953, la ex consejera de Hacienda se crió en una familia formada por cinco hijos y una madre; su padre, que era pintor, falleció temprano. La madre, de orígenes humildes y con escasa formación, se sacó el carné de conducir tras el fallecimiento, se hizo auxiliar de clínica y los crío a todos. Martínez Aguayo se licenció en Medicina, aprobó dos MIR, en Valencia y en Madrid, y participó en la elaboración del Informe Abril, el documento sobre el sistema de sanidad que Felipe González encargo al ex vicepresidente de Adolfo Suárez. Fue responsable del Insalud y gerente del SAS antes de ser viceconsejera de Hacienda. Pocos como ellas saben tanto de sistema público de salud, de Andalucía y del resto de las comunidades, una persona de fuertes convicciones que adelantó qué ocurriría en Valencia con las privatizaciones de la sanidad que comenzó Eduardo Zaplana. Fue ella, por ejemplo, quien más se empeñó en que los Presupuestos recogiesen los ajustes de igualdad de género; constante, minuciosa, también le tocó meter el bisturí a la Junta cuando llegó la hora del recorte.

Como muchos de los que se sientan ahora en el banquillo, ya ha pasado por la pena de banquillo y el quebranto económico. Casada, residente en Sevilla y médico de familia en Triana, espera sentencia. Sentada en esa sala solemne, donde el resto de sus compañeros se retuercen.