Fedea valora con cautela el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por María Jesús Montero

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada respalda la propuesta de Hacienda para un reparto más justo, aunque advierte sobre posibles problemas de disciplina fiscal

"La condonación de la deuda es corrupción política"

María Jesús Montero, en el centro, junto a Carlos Cuerpo y Pilar Alegría.
María Jesús Montero, en el centro, junto a Carlos Cuerpo y Pilar Alegría. / Eduardo Parra / EP

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha manifestado este martes su respaldo a la iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar un nuevo sistema de financiación autonómica que prioriza un reparto más equilibrado de los recursos. No obstante, la institución ha señalado también varias preocupaciones respecto a la propuesta, entre ellas la posibilidad de que se mantengan los mismos problemas de disciplina fiscal que aquejan al modelo actual.

En un análisis exhaustivo firmado por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la fundación, se indica que aunque una valoración definitiva deberá esperar a conocer todos los detalles del plan, existen elementos suficientes para ofrecer algunas consideraciones preliminares. De la Fuente ha expresado dudas sobre si la propuesta del Gobierno constituye "un punto de partida válido" para una reforma "consistente con el interés general del conjunto del país", sugiriendo que será necesario un periodo de espera para evaluar adecuadamente el plan completo.

El experto ha propuesto como alternativa un gran acuerdo entre los dos principales partidos políticos del país, PSOE y PP, que pueda dar respuesta a "la parte razonable" de las reivindicaciones planteadas por ERC y PSC, "sin comprometer el principio de solidaridad o la autonomía de la Administración Central", aspectos que considera fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema.

Aspectos positivos destacados por Fedea

Entre los elementos favorables del nuevo modelo propuesto, Fedea destaca especialmente la revisión del sistema de entregas a cuenta y liquidaciones, considerando que este cambio podría generar efectos positivos en términos de rendición de cuentas, autonomía y responsabilidad fiscal para las comunidades autónomas. Este aspecto técnico, aunque menos visible mediáticamente, resulta crucial para el funcionamiento eficiente del sistema financiero territorial.

Más relevante aún es el compromiso de avanzar hacia un reparto más equitativo de los recursos entre las diferentes autonomías, reduciendo las "importantes diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado" que, según señala la fundación, constituyen uno de los problemas más graves del actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Sin embargo, Fedea lamenta que no se haya incluido ninguna indicación sobre si este principio de equidad se extenderá también a las comunidades forales, que disfrutan de regímenes financieros específicos.

Preocupaciones sobre el nuevo modelo

El análisis de Fedea enumera un listado de aspectos negativos que considera "más largo" que el de elementos positivos. La primera gran preocupación expresada es que "buena parte del daño derivado del acuerdo con ERC ya está hecho y no se revertirá con el aparente cambio de rumbo de los últimos meses". La fundación advierte que tanto el PSC como el PSOE "han comprado el relato del maltrato fiscal, legitimando así las reivindicaciones nacionalistas de soberanía fiscal", lo que podría tener consecuencias a largo plazo.

Otra inquietud manifestada por De la Fuente se centra en la persistencia en avanzar hacia un sistema a la carta de gestión tributaria "en red" que, incluso en su versión más moderada, podría culminar en "la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria". El texto argumenta que, aunque se pudiera evitar este riesgo extremo, el modelo propuesto inevitablemente implicaría "mayores costes y grandes pérdidas de eficiencia" al distribuir tareas actualmente centralizadas en la AEAT entre múltiples administraciones con menor experiencia y capacidad.

Fedea también critica que el anuncio de la ministra Montero "revela su escaso respeto por la autonomía de ingreso de las CCAA, al menos si se orienta a la baja", y señala con preocupación la posible inyección de recursos adicionales al sistema de financiación sin especificar claramente su procedencia. "De mantenerse la tradición, además, esta inyección no comportará coste político alguno para las comunidades y agravará, por tanto, los serios problemas de ausencia de incentivos para mantener una cierta disciplina fiscal que el sistema ya sufre", concluye el análisis.

El contexto de la reforma del sistema de financiación

La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica surge en un momento de intensa negociación política, especialmente tras los acuerdos del Gobierno central con formaciones nacionalistas como ERC para garantizar la gobernabilidad. El actual sistema, vigente desde 2009 y que debería haber sido renovado en 2014, ha sido objeto de numerosas críticas por las desigualdades que genera entre comunidades autónomas respecto a la financiación per cápita que reciben.

La ministra Montero ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de presentar una propuesta integral de reforma que permita avanzar hacia un modelo más equitativo. Sin embargo, las tensiones territoriales y la compleja aritmética parlamentaria han dificultado hasta ahora alcanzar el consenso necesario para una reforma de esta envergadura, que requiere amplios apoyos políticos para su implementación.

¿Qué es Fedea?

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es una institución privada de carácter no lucrativo fundada en 1985 con el objetivo de realizar análisis económicos rigurosos e independientes sobre cuestiones relevantes para la sociedad española. Se ha convertido en uno de los think tanks económicos más influyentes en España, especializado en áreas como el mercado laboral, las políticas públicas, la fiscalidad y, especialmente, el sistema de financiación autonómica.

Bajo la dirección ejecutiva de Ángel de la Fuente, destacado economista especializado en hacienda pública y financiación territorial, Fedea ha publicado numerosos estudios e informes sobre el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, señalando sus deficiencias y proponiendo reformas. Sus análisis son frecuentemente citados en debates políticos y académicos sobre la organización territorial del Estado y sus consecuencias económicas.

¿Qué implicaciones tendría un sistema de gestión tributaria "en red"?

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta del Gobierno es la posible implementación de un sistema de gestión tributaria "en red", que permitiría a las comunidades autónomas asumir mayores competencias en la administración y recaudación de impuestos. Este modelo, inspirado parcialmente en las demandas de mayor soberanía fiscal por parte de formaciones nacionalistas, plantea importantes interrogantes sobre su viabilidad técnica y sus consecuencias para la cohesión territorial.

Los defensores de este enfoque argumentan que permitiría una mayor corresponsabilidad fiscal y adaptación a las realidades territoriales, mientras que sus críticos, entre ellos Fedea, advierten sobre los riesgos de fragmentación, ineficiencia y posible ruptura del principio de caja única que garantiza la redistribución de recursos entre territorios. La implementación de este sistema requeriría además una compleja coordinación entre administraciones y sistemas informáticos que actualmente operan de manera centralizada.

¿Por qué es tan compleja la reforma del sistema de financiación?

La reforma del sistema de financiación autonómica representa uno de los desafíos más complejos para cualquier gobierno español debido a múltiples factores interrelacionados. Por un lado, existe una tensión permanente entre los principios de autonomía y solidaridad, que deben equilibrarse para satisfacer tanto las demandas de autogobierno como la necesidad de garantizar servicios públicos equivalentes en todo el territorio.

Por otro lado, la reforma implica un juego de suma cero donde cualquier mejora en la financiación de unas comunidades puede percibirse como una pérdida para otras, generando resistencias políticas. Además, la existencia de regímenes forales especiales en País Vasco y Navarra introduce complejidades adicionales al debate sobre la equidad del sistema. Todo ello en un contexto donde los intereses territoriales frecuentemente se superponen a las posiciones ideológicas de los partidos, dificultando la construcción de mayorías parlamentarias estables para aprobar una reforma de esta envergadura.

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