El fiscal de Malaya exige una sentencia ejemplar contra la corrupción

El fiscal Anticorrupción y jefe de la Fiscalía de Málaga, Juan Carlos López Caballero, pidió ayer al tribunal del caso Malaya una sentencia "ejemplar" porque es necesario "lanzar a la sociedad" "un mensaje nítido" para que no se repitan en la gestión pública comportamientos corruptos que pasan por encima de la legalidad, del imperio de la Ley y del Estado de Derecho. López Caballero subrayó que este macroproceso no es el juicio al expolio del patrimonio municipal de Marbella, sino a la corrupción entendida como el "enriquecimiento ilícito y a veces espectacular de personas vinculadas a la administración que han hecho de la actividad pública una vía de enriquecimiento" a través del soborno sistemático. Por eso "lamentó" que el caso Malaya no ponga punto y final a la corrupción en Marbella durante los gobiernos del GIL. Es un "punto y seguido" porque "15 años de arbitrariedad y corrupción dan para mucho".

El fiscal puso de relieve que Juan Antonio Roca llegó al Ayuntamiento de Marbella con un fin: hacerse rico ilícitamente. Aprovechó la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) para "articular la corrupción". Se convirtió en el "factótum" del planeamiento y "controló sus avatares", generando "oportunidades de negocio" con esa suerte de "urbanismo a la carta" al que acudieron "raudos determinados empresarios" porque ese caldo de "competencia desleal les venía bien".

En este escenario, el gilismo dio licencias fuera de la legalidad y los promotores levantaron miles y miles de viviendas ilegales gracias a "una estrategia jurídica" planeada de antemano que "contaba con la respuesta tardía de la Justicia". Todos en Marbella sabían que el día que los tribunales se pronunciaran sobre la ilegalidad de las licencias de obras, las casas estarían ya construidas y, por la vía de los hechos consumados, serían legalizadas.

Roca obtuvo "un lucro tan desmesurado" con este sistema de sobornos porque tenía en su puño a los concejales. Por eso entiende que "cobrara más" el ex asesor de urbanismo pese a que formalmente no era quien decidía.

La Fiscalía Anticorrupción criticó la "ajenidad", es decir "la distancia" con la que los concejales afrontaban la política urbanística como si fuese algo que no iba con ellos. "No saben nada de las permutas". No saben "si las valoraciones [de los aprovechamientos y del suelo] son o no adecuadas". "¿A qué iban a la comisión de gobierno, a tomar café", se preguntó para afirmar a renglón seguido que "esa absoluta falta de control" refleja que quien se ocupaba de estas decisiones no eran los miembros del equipo de gobierno, "sino Roca".

El ex asesor de urbanismo de Marbella admitió durante su declaración que pagaba a los concejales. Sin embargo, el fiscal entiende que ese reconocimiento responde a un calculado "control de riesgos claramente exculpatorio", porque dijo que los tenía a sueldo sólo para que no se rompiera el gobierno que presidía Marisol Yagüe con el apoyo de concejales transfugas del PSOE y el PA. Esa explicación es "ilógica" para López Caballero porque no tiene sentido que sólo entre 2004 y 2005 distribuyera cinco millones de euros entre los concejales y quien más cobrara fuese la alcaldesa Yagüe, "afín a los intereses del GIL. Podría decirse que era uno de los nuestros". "Se pagaba porque Roca necesitaba cumplir sus compromisos [urbanísticos] con los empresarios".

De acuerdo con el panorama que el fiscal Juan Carlos López Caballero dibujó ayer con lucidez y dureza durante siete horas, Juan Antonio Roca al tiempo que se enriquecía a costa del urbanismo de Marbella se ocupó también de crear una "organización criminal" para que ocultar su patrimonio a través de una maraña de sociedades a nombre de terceras personas.

En esa estructura juegan un papel esencial los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita. La Fiscalía planteó la incongruencia que supone que gran parte de una fortuna tan vasta como la de Roca, que tasa en 200 millones de euros, estuviera en empresas a nombre de otras personas sin que existiera contrato de fiducia ni ningún otro documento acreditativo de que se trataba de patrimonio de Juan Antonio Roca. "Sólo existía una relación de confianza" y este elemento, para el Ministerio Público, es un síntoma indiscutible de que se trata de una "organización criminal" que responde a los requisitos que exige la Jurisprudencia: permanencia en el tiempo, jerarquía y distribución del trabajo con un único fin, cometer delitos.