"Haz lo posible para sacarme de aquí. Soy totalmente inocente", le dijo ayer por la mañana a su nueva abogada, Antonia Alba, Rafael Ricardi Robles, el portuense encarcelado desde hace 13 años por la violación de una joven de 18 años en la urbanización Valle Alto de El Puerto de Santa María (Cádiz).

De las investigaciones de la Policía se desprende que Ricardi es inocente del delito por el que cumple pena de cárcel, ya que los autores, según estas pesquisas, serían dos jerezanos de amplio historial delictivo, a los que los agentes creen exclusivos autores de la oleada de agresiones sexuales que se registró en la Bahía de Cádiz entre los años 1995 y 2000.

Ricardi se dirigió a su letrada en la cárcel portuense de Puerto 3, en una de cuyas celdas está internado desde el jueves, tras ser trasladado desde la cárcel salmantina de Topas, en la que estaba cumpliendo su condena desde hacía 10 años.

Ambos mantuvieron un breve encuentro, en el que el condenado por las violaciones, además de insistir en su inocencia, le dijo a su abogada que lleva "13 años de calvario". En realidad, doce años y casi siete meses, el tiempo que ha transcurrido desde que entró en prisión en noviembre del 95, primero como imputado en la cárcel de Puerto 2, y desde octubre del 96, condenado en primera instancia, y un año después, ya en firme, tras rechazar el TribunalSupremo su recurso de casación.

Ricardi ha sido trasladado desde Topas, a donde fue conducido en el año 1998, para prestar en los próximos días declaración ante el juez en las nuevas diligencias que se siguen tras detener la Policía Nacional a uno de los jerezanos, Fernando P.G., y constatar que el ADN de este último coincide plenamente con el resto de semen que fue hallado en la ropa interior de la víctima de la violación que pena el portuense. Un código genético, el de Fernando P.G., que ha resultado además también coincidente con los restos biológicos de otras tras violaciones. Al otro jerezano, que estaba ya en prisión, en Puerto 2, cumpliendo condena por una agresión sexual cometida en Estepona, Juan B. G., se le puede acusar directamente de una violación, la quinta (en total, fueron denunciadas diez en el entorno), ésta, perpetrada en término puertorrealeño, al coincidir su ADN con los restos hallados en el escenario de la agresión.

En 2000, un informe del Instituto de Toxicología avisaba de que el ADN de Ricardi no era coincidente, pero no se revisó el caso porque su condena se produjo fundamentalmente por la identificación de una víctima "de modo inequívoco".