Se escribe el capítulo final de uno de los hilos conductores de la política andaluza en los últimos 25 años y, haciendo honor a su polémica trayectoria, siendo una de las fuentes de continuos reproches entre los partidos políticos.

La reivindicación de la deuda histórica es simple de explicar: Andalucía debió recibir desde 1982, al entrar en vigor su Estatuto, cantidades excepcionales de financiación por parte del Estado para garantizar la prestación de un nivel mínimo de los servicios transferidos, dada su condición de región subdesarrollada (disposición adicional segunda). Sólo recibió 120 millones de anticipo-presupuestados por Felipe González y pagados por el Gobierno de Aznar- y otros 300 millones de adelanto en marzo, con Pedro Solbes en la foto.

¿Y cuánto dinero extra queda por recibir? La incógnita debe resolverse antes del 20 de septiembre, fecha límite que otorga el reformado Estatuto andaluz -18 meses después de su aprobación- para que la Junta de Andalucía y el Gobierno central alcancen un acuerdo en su cuantía, que se cobrará en los tres años venideros.

En tiempos de crisis, los partidos políticos andaluces son conocedores de que una posición unitaria añadiría fuerza a la cifra que aprobará el Parlamento andaluz, pero el consenso sobre su cuantificación parece harto complicado. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció ayer a través de la Oficina del Portavoz que el próximo viernes se reunirá con el presidente del PP-A, Javier Arenas, y el sábado con el coordinador general de IU, Diego Valderas, y el vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro. En la mesa, entre otras cuestiones de actualidad, cuál debe ser la cifra de la deuda histórica. Pero la reunión amenaza con ser un diálogo de sordos en este punto.

Pizarro pidió ayer en rueda de prensa a los líderes de la oposición que detallen a Chaves cómo han contabilizado que la deuda histórica asciende en torno a 3.500 millones, según el PP, y a 7.500 millones, para IU. Los socialistas barajan una cifra que ronda los 1.500 millones, pero será en el pleno de la semana que viene cuando el vicepresidente económico del Gobierno, José Antonio Griñán, anuncie ante el Parlamento cuál es la cifra de partida para negociar con el Gobierno, avanzó Pizarro. El dirigente socialista reclamó "responsabilidad política" a Arenas y Valderas para que expliquen los criterios por los que hacen sus cálculos, como aseguró hará de "manera rigurosa" el representante de la Junta en su comparecencia .

Pizarro desconfió de la "voluntad" de la oposición para llegar a un acuerdo y afirmó que tanto Arenas como Valderas se "comprometieron a enviar" un documento fundamentando la cantidad que cada uno reivindica y "hasta ahora el único que está haciendo la tarea es el Gobierno andaluz".

Arenas encarará la reunión del viernes con opinión, pero sin cifra cerrada. En su intervención ayer tras el comité director del PP-A, se mostró reacio a fijar cuantía alguna por entender que es competencia exclusiva del Gobierno andaluz y por considerar "insólito" que el PSOE plantee a la oposición su cuantificación.

Pese a ser el punto de partida muy complicado, no vio del todo imposible el acuerdo. "Sobre la base de un documento serio no lo veo imposible, no descarto en absoluto que se pueda producir, y sería muy positivo, pero sobre la base de que Arenas y Valderas tienen que presentar una cantidad, no", apostilló el dirigente popular, que no dudó en cuestionar la capacidad de Chaves a este respecto, hasta el extremo de instarle a "dimitir y renunciar" si tras más de veinte años gobernando "no es capaz" aún de cuantificar este concepto.

Pese a rehuir dar cifra alguna, sí adelantó su opinión de lo que el Gobierno central adeuda a Andalucía: deberá ir en consonancia a la partida manejada hasta ahora en el Parlamento andaluz y no deberá ser menos que el "compromiso" asumido en 2006 por Rodríguez Zapatero con Cataluña,y que superó los 3.000 millones.