El concepto de intruso en el caso de los ERE, aplicado a aquellos falsos prejubilados que sin tener relación alguna con la empresa percibieron ayudas con cargo a los fondos públicos, puede tener otra vertiente. Según se extrae del informe de la Cámara de Cuentas, hubo otro tipo de beneficiarios sin control de ningún tipo por parte de la Consejería de Empleo: las aseguradoras y los comisionistas, meros intermediarios entre trabajadores, empresa y Administración que cobraron porcentajes muy superiores a las cuotas que se manejan en el mercado. Si la media en las comisiones es de entre un 1% y un 6%, las que tuvieron el privilegio de entrar en este juego del reparto de las ayudas sociolaborales por ERE con cargo a la partida 31L entre los años 2001 y 2010, tuvieron un margen de beneficio medio del 10%, lo que no quita que hubiera quien llegara a cobrar comisiones de hasta el 29%. La prueba de que estas pueden ser consideradas como intrusos es que la Junta ya ha puesto el pie en pared con el decreto que aprobó hace quince días: se les elimina como comisionistas en los ERE que están vivos y los que se van a revisar. A partir de ahora es la propia Junta quien asume su pago en solitario.

Como parte de ese descontrol generalizado que marcó la concesión de ayudas a empresas en crisis y en los ERE, por esa ausencia de protocolos y bases reguladoras, las aseguradoras también supieron sacar rédito. Para empezar, porque fueron elegidas a dedo. La Cámara de Cuentas constata que en la selección de las compañías no existe ningún documento en el que se deje constancia de bajo qué criterios fueron seleccionadas, incluso ni se miró su solvencia, pese a la importancia de los colectivos y de la cuantía de las primas. Es decir, Empleo se convirtió en una suerte de coladero para hacer negocio, en este caso, sobre un pastel de 582 millones de euros de los ERE -los otros 139 millones fiscalizados corresponden a las ayudas directas a empresas en crisis-. Porque las anomalías van más allá de la discrecionalidad en la elección o en la inclusión de intrusos -fueron detectados 121-. En los expedientes investigados no existe "ninguna documentación" sobre el cálculo de la prima única, lo que se traduce en que a la Cámara le fue imposible determinar su "racionalidad". Y tampoco pudo ver si se ajustaban a la realidad los suplementos que recogen casi todas las pólizas para incrementar las prestaciones de los asegurados, porque no había ningún documento en el que se recogiera su motivación. Es decir, las primas estaban más que infladas.

Otra prueba de que se pudo poner de más en esas primas está en que en los expedientes en los que hay presupuestos calculados para un número superior de trabajadores a los que luego fueron prejubilados se mantienen las cantidades iniciales sin que se hiciera una "corrección a la baja" en función de ese número real de beneficiarios.

El colofón a estas irregularidades es el cobro de comisiones. La prima única de los contratos de seguro debe contener las rentas que recibirán los beneficiarios, más los gastos de administración y los gastos externos, es decir, lo que se llevan los agentes intermediarios. En la Consejería de Empleo no hay nada sobre estos conceptos, pero en alguno de los documentos con los que se ha topado la Cámara, una de las aseguradoras más potentes, la ya quebrada Apra Leven, con Vitalia como intermediario, se llevó de comisión el 29% de la prima total a financiar. Este porcentaje disparatado no fue el único. Según mercado, la media de las comisiones debían estar en una horquilla del 1% al 6%, y la realidad es que la mayoría estuvo entre el 8% y el 13%.