La juez instala a Torres Hurtado en la cúspide de una "trama criminal"

"Una trama corrupta que estaría actuando como una verdadera organización criminal". Eso es lo que los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluyeron que existía en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y la razón de ser del caso Nazarí, la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital contra el ex alcalde José Torres Hurtado (PP) y 16 personas más.

La documentación supera los 15.000 folios y los 20 gigas de peso. En ella se detallan las presuntas irregularidades con alcance penal que se imputan a los 17 investigados y las 11 empresas implicadas en la trama. Esas supuestas ilicitudes constituirían delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.

Estos posibles delitos, apreciados de momento de forma indiciaria, se habrían cometido desde 2001 hasta 2016 y emanan de un total de ocho expedientes con nombre propio: Mulhacén, San Jerónimo, Progreso, Obispo, Convenio T.1, Parkings, Registrador y Campus. En esos expedientes están las presuntas ilegalidades cometidas por la supuesta trama para supuestamente beneficiar "a diferentes promotores", así como "directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada".

Esos promotores son José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén. Los tres, de hecho, se encuentran en la lista del sumario, además de Torres Hurtado y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. Junto a ellos, figuran la secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes López Domech; el director técnico de Obras Municipales, Manuel Lorente Sánchez-Palencia, y la directora general de Urbanismo, María Paz Spínola. Hay también otros altos cargos y técnicos del Ayuntamiento.

En cuanto a las empresas inmersas en el proceso judicial son Casería de San Jerónimo, J. Julián Romero Consulting S.L., Nazarí Asesoramientos, Taler Real Estate S.L., Campus Padel Club Granada S.L., Be Suites Granada S.L., Inversiones Legerén S.L., Constructora de Obras El Partal S.A.U., Cruz de Lagos Aparcamientos Concesionales S.L., Sierrapark S.L. y Cooperativa Obispo Hurtado.

Según la juez María Ángeles Jiménez Muñoz, de las investigaciones policiales está acreditado, "a priori", que existía esa trama, "al tratarse de un conjunto de personas, todos enmarcados en la estructura administrativa del Ayuntamiento, que estarían actuando de acuerdo a un plan establecido", que en este caso eran los criterios que se irían marcando respecto a los diferentes expedientes urbanísticos. Sus actuaciones vendrían afectando "al normal funcionamiento" de la administración desde la propia creación de la Gerencia, y prueba de ello, en opinión de la juez, es que los expedientes "irregulares" analizados se remontarían incluso a períodos de 2001.

Tanto para la instructora como para la Policía, el grupo tenía "una jerarquía férreamente establecida". Existía una "estructura de poder" que sería la que realmente manejaría los asuntos urbanísticos que supuestamente se apartaban de la estructura formal. En la "cúspide" de esa pirámide tanto la juez como los investigadores de la UDEF sitúan a Torres Hurtado, "quien estaría al tanto de todo lo acontencido en el urbanismo de Granada". Los dos "más estrechos colaboradores" del alcalde eran Lorente y Nieto, según los testimonios de algunos testigos. Lorente sería quien controlaría "de facto" el Urbanismo en la ciudad y, Nieto, la designada para dirigir la concejalía.