La ex interventora asegura que no vio "incidencias de significación"

Rocío Marcos Ortiz se convirtió ayer en la segunda ex interventora general de la Junta de Andalucía que pasa por la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la concesión de ayudas a los cursos de formación. Su intervención fue, en términos generales, similar al de su sucesor en el cargo, Adolfo García Fernández. Marcos Ortiz, que fue interventora general de abril de 2010 a mayo de 2012, cuando dejó el cargo por voluntad propia, defendió la actuación de su área y de todos los funcionarios que la componían. Afirmó que en esos dos años "ni en la concesión ni en el pago de las subvenciones han existido incidencias de significación, salvo retrasos importantes en las justificaciones".

También advirtió que "el procedimiento de control de la Intervención es un proceso tasado, que no esta diseñado para controlar el fraude, sino que el control interno determina dónde nos podemos meter y dónde no, está diseñado para verificar que las organizaciones funcionen bien".

Marcos Ortiz reconoció que desde el punto de vista de la Intervención "a veces faltan ciertas herramientas que permitirían ver más", pero insistió en que los interventores de la Junta "son muy profesionales y trabajan muy bien, aunque si hay incidencias más allá de cuestiones documentales, no sé si es fácil verlo".

Marcos Ortiz recordó que durante su estancia en el cargo se fiscalizaron más de 30 subvenciones en la fase de control financiero al que está sometido el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). De esa treintena de subvenciones se abrió expediente de reintegro en 18 casos, de los que en nueve ya se ha recuperado el dinero de la ayuda, en uno se ha comunicado la resolución de reintegro en el periodo de pago voluntario por parte del beneficiario y en tres se ha iniciado el procedimiento.

La directora general de Evaluación, Control y Calidad del SAE, María Jesús Moreno Herrerías, por su lado, desveló que en su informe de alegaciones al informe de la Intervención General de 2015, que ponía en duda que se hubiera cumplido con la normativa, defendió que el SAE actuó "con la legalidad que le era aplicable, con la normativa estatal, con la normativa propia y con los requisitos legales impuestos en la gestión de las subvenciones". La Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del SAE se creó en junio de 2013 con el objetivo de que este organismo tuviera un órgano de control independiente al órgano de gestión de las políticas activas de empleo.

Moreno Herrerías indicó que la mayoría de las incidencias que se pusieron de manifiesto en los ocho informes de control especiales que realizaron a las direcciones provinciales del SAE indicaban que la información entregada para realizar el control carecía de determinados "documentos o evidencias para poder soportar que sí se cumplía con la legalidad vigente".

Al respecto, la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero recordó que tras el informe de Moreno Herrerías -de julio de 2015- se han elaborado otros cinco de actuación por parte de la Intervención, por lo que el primero se ha convertido en "papel mojado", puesto que "si no le hacen caso los interventores queda anulado todo". Ruiz Sillero le reprochó que "usted dice que los informes de la Intervención no son imparciales, pero usted no está aquí como funcionaria sino como cargo político de libre designación, nombrada por el consejero, viene aquí como testigo de parte".

Hoy pasarán por la comisión los jefes de servicio de la Dirección General de Formación en Cádiz, Córdoba y Granada: Antonio Juan Vidal Agarrado, Manuel Gavilán Jiménez, Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena.