Otra sesión plenaria sin rastro de bloqueo. Pocas horas después de la votación para tramitar la polémica proposición de ley de regadíos de Doñana, el Parlamento ha debatido la toma en consideración de la Ley de Economía Circular, que seguirá adelante gracias a la izquierda tras el rechazo de Vox. La formación de Santiago Abascal es absolutamente contraria al texto por su conexión con la Agenda 2030 y los intereses de las "élites globalistas", por lo que presentó un veto que la norma ha sorteado gracias al apoyo del PSOE, Unidas Podemos por Andalucía y los 11 diputados no adscritos de Adelante Andalucía. 

Los socialistas mantuvieron la incertidumbre respecto a su posición sobre este proyecto de ley hasta el miércoles, a pesar de que en privado admitían que el texto no les parecía mal, pero sí poco ambicioso y excesivamente centrado en la gestión de residuos. La postura es similar a la que mantienen en Unidas Podemos por Andalucía, formación que echa en falta una mayor concreción sobre la obsolescencia programada en el texto elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Los diputados no adscritos de Adelante Andalucía mantienen argumentos similares, pero no han podido participar en el debate por su condición, aunque sí podrán participar en la tramitación de las enmiendas. 

El apoyo de la izquierda, que detecta carencias en el texto pero se ofrece a negociar, ha ido aparejado a las críticas de los portavoces del PSOE y UP, Mercedes Gámez e Ismael Sánchez, por la fórmula elegida por el Gobierno para el trámite de esta norma. Como viene ocurriendo de forma habitual desde principios de 2021, el proyecto de ley ha entrado en el Parlamento por el trámite de urgencia, lo que permite la aprobación de un texto en un plazo exprés que puede ser de dos meses y medio. Además, en esta ocasión, los plazos se han ajustado en la presentación de la enmienda a la totalidad, que se ha calificado pocos minutos antes de la reanudación de la sesión plenaria en una reunión extraordinaria de la mesa de la Comisión de Agricultura.

PSOE y UP intentaron el martes trasladar este debate al próximo Pleno, dentro de 15 días, pero Vox, que rechaza el texto, votó con PP y Cs para mantenerlo hoy. La tesis de la izquierda es que el Gobierno andaluz busca ganar esos 15 días "por si los líos internos del Gobierno no permiten tramitar la ley", ha dicho el diputado de UP Ismael Sánchez. "Han pervertido el reglamento y se lo tenemos que afear", ha insistido, en coincidencia con a portavoz socialista, que ha criticado la "tramitación inminente" y ha acusado al Ejecutivo andaluz poner en práctica una "gran estafa verde". "La única revolución verde que tienen ustedes es con Vox", ha defendido Mercedes Gámez, que ha ensalzado la política medioambiental de su partido a pesar de la reciente abstención del PSOE andaluz ante la ley que abre la puerta a ampliar los regadíos en el entorno de Doñana. 

"Están condenados a entenderse con la izquierda", les ha dicho la diputada socialista Mercedes Gámez a los miembros del Gobierno. El mensaje de la parlamentaria del PSOE cobra sentido, sobre todo, después de escuchar al portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, que ha aludido a la Agenda 2030, a los "objetivos de demolición social" -en un símil a los objetivos de desarrollo sostenible- y se ha acordado del Foro de Davos e, incluso, de Xi Jinping, presidente de la "China comunista". Alonso también ha asegurado que Juanma Moreno tiene un "acuerdo" con el país asiático y ha acusado al presidente de mentir.

La aritmética que ha permitido la tramitación de la ley de Economía Circular es una de las dos posibles que se han estado dando en los últimos meses, desde la caída del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022. En este caso la izquierda ha salvado un proyecto legislativo del Gobierno. La otra fórmula es la suma de la mayoría de la investidura de Juanma Moreno, es decir, PP, Ciudadanos y Vox. Hay una tercera opción, que es la que acabaría provocando un adelanto electoral, según ha advertido el presidente: la suma de la izquierda con Vox en contra de los intereses del Ejecutivo andaluz, que sólo se ha dado en tres ocasiones en las votaciones relevantes de la legislatura. La primera fue en la primera toma en consideración de la ley del suelo, la Lista; la segunda en la citada caída del proyecto de Presupuestos y la tercera en la celebración del Pleno extraordinario sobre sanidad y hacienda que hubo a finales de enero en la Cámara durante el periodo inhábil.