El juez de Instrucción número 16 de Sevilla investiga delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y coacciones, en relación con la denuncia por las supuestas irregularidades que presentó el ex director de Recursos de Invercaria Cristóbal Cantos.

El ex empleado de esta sociedad pública de inversión y capital riesgo de la Junta compareció ayer en calidad de testigo y por espacio de tres horas en el juzgado, donde ratificó la denuncia que presentó a principios de marzo pasado a la juez Mercedes Alaya y aportó además hasta cuatro correos electrónicos de sus comunicaciones con la entonces presidenta de Invercaria Laura Gómiz para avalar sus acusaciones. Uno de estos correos tiene fecha de 17 de mayo de 2011 y fue enviado por Laura Gómiz, en el que reconocía el trabajo realizado por Cristóbal Cantos, quien a su vez respondió con otro mensaje en el que elogiaba a sus compañeros y a la ex presidenta de Invercaria, según dijeron fuentes del caso.

Las mismas fuentes señalaron que una buena parte del interrogatorio al ex trabajador de Invercaria se centró en el informe sobre el ejercicio de 2009 realizado por la Cámara de Cuentas y las supuestas irregularidades detectadas por este órgano fiscalizador, que concluyó que la sociedad había "incumplido" en determinados aspectos la normativa laboral, no había podido "justificar debidamente" los gastos de la tarjeta de crédito del presidente de la empresa por importe de más de 25.000 euros, y no cuenta con "ningún criterio preestablecido" para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios de los préstamos concedidos. La investigación que realizó inicialmente la Fiscalía Superior de Andalucía apreció igualmente una decena de graves irregularidades en préstamos concedidos sin publicidad y con escasa documentación, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público.

La denuncia de Cristóbal Cantos incluye una grabación de una conversación que mantuvo precisamente el 26 de abril de 2001 con Laura Gómiz y en la que supuestamente ésta le daba órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre ayudas que ya habían sido concedidas. Cristóbal Cantos ratificó ayer esta denuncia y las supuestas presiones e irregularidades. El denunciante fue despedido el 22 de junio por una "disminución del rendimiento" y en abril pasado el juez de lo Social confirmó que su despido fue improcedente, pero estimó que no se había producido ninguna represalia y por tanto rechazó la nulidad del despido, como había solicitado el trabajador.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, prohibió ayer al fiscal y a los abogados del caso que hicieran público el contenido de la declaración.