Primer efecto del aluvión de macrocausas en Sevilla. La Audiencia de Sevilla ha decidido retrasar sine díe la celebración del juicio por la primera pieza del caso Invercaria, la relacionada con los préstamos que por importe de 359.581,6 euros fueron concedidos a la empresa Fumapa, hasta que no finalice el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Administración autonómica.

El motivo del aplazamiento de la vista oral de Fumapa se debe a que en ambos procesos figura como acusado el ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete, por lo que al coincidir ambos procedimientos, el tribunal -que es el mismo que enjuiciará a Chaves y Griñán- ha decidido aplazar la vista oral de Fumapa hasta que finalice el primer juicio de los ERE.

Así lo expone la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en un auto fechado el pasado 5 de julio y al que ha tenido acceso este periódico. En esta resolución, se pone de manifiesto una diligencia de constancia del letrado de la Administración de Justicia en la que señal que Jacinto Cañete figura como uno de los 22 ex altos cargos acusados en la pieza por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE, cuyo juicio está ya señalado para el próximo 13 de diciembre, cuando las defensas plantearán las cuestiones previas, y a partir del 9 de enero de 2018, cuando comenzarán las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, y la práctica de las demás pruebas.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla recuerdan asimismo que en el caso de los préstamos a Fumapa está pendiente aún de resolver un recurso de apelación que presentó la defensa de Jacinto Cañete contra su procesamiento, por lo que, "en el caso de mantenerse la imputación" contra este investigado, "se procederá a fijar fecha para el inicio de las sesiones del juicio oral, una vez concluyan las del juicio oral" del procedimiento específico, "que se encuentra previamente señalado".

El tribunal hace hincapié en la coincidencia del mismo acusado en ambos juicios, lo que haría imposible desarrollar la vista oral de forma simultánea. Pero es que además la coincidencia también se produce en cuanto a la composición del tribunal, dado que en ambos casos repiten dos jueces. Así, el juicio a Chaves y Griñán se celebrará por un tribunal compuesto por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente de la causa, y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

En el caso del primer juicio a Invercaria, por las ayudas a Fumapa, el tribunal estará compuesto por Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Auxiliadora Echavarri García, también miembro de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En los últimos meses algunos jueces ya advirtieron de los problemas que podrían producirse ante la avalancha prevista de más de un centenar de juicios que la Audiencia hispalense espera recibir en los próximos años y que amenaza con colapsar las Salas de lo Penal si no se adoptan medidas urgentes. La preocupación de los jueces propició que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se reuniera con los magistrados de las secciones penales y anunciara un plan de refuerzo que en principio comenzaría con tres jueces de refuerzo para las macrocausas.

La llegada de las macrocausas plantea otros problemas que obligan a una organización "milimétrica" de los juicios porque, como muchas de las vistas se componen de piezas separadas de una misma macrocausa, pueden producirse, como ha sucedido ahora con Fumapa, conflictos a la hora de fijar la fecha de celebración de los juicios, dado que pueden coincidir no sólo los mismos imputados en esos procedimientos, sino también los mismos abogados defensores.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla elevó en junio a la Audiencia la causa de Fumapa, por la que impuso una fianza de 300.000 euros al ex presidente de la sociedad andaluza de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo y a los otros cinco procesados. La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.