La Junta cifra en 32.000 millones el coste de la independencia fiscal para Cataluña
El Consejo de Gobierno presenta una reclamación administrativa contra Sánchez previa a denunciarlo ante el Supremo por no convocar la Conferencia de Presidentes
La portavoz del Ejecutivo asegura que el acuerdo en Cataluña "crea españoles de primera y de segunda"
Juan Espadas apunta a que pedirá para Andalucía lo mismo que Cataluña
El Gobierno andaluz no conoce todavía el documento de acuerdo que han firmado el PSC y ERC como ha detallado la nueva portavoz del Ejecutivo, la también consejera de Hacienda Carolina España, pero ya ha hecho las cuentas de lo que supondría un traspaso total de las competencias fiscales a la Generalitat Catalana: 32.000 millones de euros más cada año.
"Este acuerdo es un atropello al resto de las comunidades autónomas como Andalucía, es un atentado a la igualdad de todos y crea españoles de primera y de segunda", ha dicho la portavoz quien ha insistido en que este paso más ahondaría en la infrafinanciación de Andalucía que está cifrada en 1.409 millones de euros al año. "Cada andaluz recibe del Estado 170 euros menos al año que la media de los españoles, 222 euros menos que un catalán o 800 euros menos que un cántabro", ha insistido Carolina España.
La primera reunión del nuevo Gobierno andaluz se ha centrado precisamente en esos agravios porque el Ejecutivo ha aprobado presentar una reclamación administrativa previa a la vía judicial ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes. La Consejería de la Presidencia que dirige Antonio Sanz alega que no se está cumpliendo el reglamento publicado en el BOJA y se suma a las demandas de otros presidentes autonómicos. En el citado escrito, considerado reclamación administrativa previa a la vía judicial, los presidentes señalan que esta inactividad de la Conferencia de Presidentes merma el correcto funcionamiento de este instrumento de cooperación y supone un incumplimiento del artículo 4 del Reglamento, dejando sin respuesta las demandas de una parte muy importante de la población española.
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