Andalucía

Un juzgado investiga a dos ex concejales del PP de Córdoba

  • Rafael Navas y Miguel Reina fueron denunciados por el sindicato CTA por un posible delito de prevaricación administrativa

Los ex concejales del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas y Miguel Reina, tendrán que acudir al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital para declarar en calidad de investigados por la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa, tras las denuncias de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA). Ambos están citados para el mes de abril.

El sindicato presentó la denuncia al detectar indicios de "una posible ilegalidad" en varios contratos formalizados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), entidad bajo la responsabilidad de Reina en el anterior mandato. En el caso de Navas, la denuncia es por su gestión en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

El PP salió ayer en defensa de sus dos ex ediles. Fue el presidente del grupo municipal popular, José Antonio Nieto, quien durante el Comité Ejecutivo Provincial del partido manifestó su "confianza" en que tanto Navas como Reina actuaron de la forma correcta. En la misma línea se pronunció también el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, quien entiende que casos como éste aparecen cuando se gobierna y que aseveró que desde el partido se defenderá la "honorabilidad" de sus compañeros. Fuentes quiso ser cauteloso y apuntó que habrá que esperar a que los investigados expliquen su verdad, teniendo en cuenta que todo parte de la denuncia de un sindicato y, de la misma forma, conocer la decisión que finalmente tome el juez.

Durante el gobierno de Nieto, en el que Navas era responsable del área de Turismo, se procedió a la privatización de uno de los servicios del monumento y, según denunció IU en su momento, a esa misma empresa se le concedieron otro tipo de contratos. Reina, que ocupó la Concejalía de Deportes, tendrá que declarar tres días después de su compañero y explicar lo que el sindicato denunciante entiende como un "fraccionamiento en la contratación con el despacho de abogados Cuatrecasas", con el fin de "eludir lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público".

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