En libertad los diez primeros detenidos por el fraude de UGT-A

Todos en libertad pero imputados por delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones. La primera jornada de declaraciones ante el juez que investiga el fraude de las facturas falsas destapado en el sindicato UGT-A se cerró ayer con la puesta en libertad de diez de los dieciséis detenidos en la segunda fase de la operación Cirene. Todos los detenidos que comparecieron ante el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, son empresarios de diversos sectores que hicieron negocios con el sindicato y que, según los investigadores de la Guardia Civil, se habrían prestado a elaborar facturas falsas con las que el sindicato justificó las cuantiosas subvenciones que recibió de la Junta en los últimos doce años. Hasta el momento no se ha cuantificado el fraude, si bien el Gobierno autonómico ya ha reclamado a UGT-A el reintegro de 1,8 millones de euros de subvenciones e investiga otros 19 expedientes por importe de 15,2 millones.

Los empresarios imputados coincidieron en alegar en su defensa que los "parámetros y las pautas de negocio" siempre las marcaba el sindicato, y añadieron que estas afirmaciones podrán "acreditarlas" a lo largo de la instrucción. De la misma forma, han afirmado su convencimiento de que estaban actuando siempre dentro de la "legalidad" y se han mostrado dispuestos a colaborar con la Justicia en la investigación de los hechos. Algunos empresarios sí admitieron que "cambiaron los conceptos" en algunas de las facturas, siempre a petición de la organización sindical.

Los otros seis detenidos en esta investigación, que sigue bajo secreto de sumario por el instructor, pasaron la noche en dependencias de la Guardia Civil y pasarán esta misma mañana a disposición del juez. Entre los detenidos que comparecerán hoy ante el juez se encuentran precisamente los que podrían considerarse principales imputados en la causa, como el ex tesorero de UGT-A, Federico Fresneda -que se ha negado a declarar ante la Guardia Civil-, la ex directora del departamento de Compras, Dolores Sánchez Montaño, y María Charpín Osuna, ex secretaria de Gestión Económica en la Ejecutiva que dirigía en 2009 el entonces secretario general de UGT-A Manuel Pastrana.

Los últimos imputados que quedaron en libertad sobre las nueve de la noche son dos representantes de la empresa de aplicaciones informáticas Siosa, de Madrid. Poco antes, el juez había dejado también libres con cargos a dos mujeres, ambas hermanas, de la empresa Publicar de Madrid, quienes alegaron ante el juez que siempre actuaron siguiendo las indicaciones del sindicato a la hora de elaborar las facturas y reconocieron que, de acuerdo con estas supuestas instrucciones, "cambiaron conceptos" en algunas de ellas pero sin inflar los importes.

Otro detenido que pasó a disposición judicial ayer fue Miguel Ángel González, representante de la empresa KND de Jaén, que ratificó ante el instructor su declaración ante la Guardia Civil. Su interrogatorio se centró en las facturas emitidas por esta empresa al sindicato y en cómo se facturaba, pero no se le preguntó expresamente por los cursos de formación realizados.

Las comparecencias ante el juez comenzaron en la mañana de ayer, cuando otros cinco empresarios detenidos quedaron igualmente en libertad tras alegar que en su relación comercial con el sindicato creían que "todo era legal" y siempre actuaron siguiendo las "indicaciones" del sindicato.

La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar para los diez primeros arrestados conducidos ante el juez, que están imputados por un delito de falsedad y otro contra la Hacienda Pública, en su modalidad de fraude de subvenciones.

En esta segunda fase de la operación Cirene han sido detenidas hasta el momento 16 personas y se han producido siete registros en varias provincias. Las últimas detenciones fueron las registradas en la mañana de ayer en Agost (Alicante), donde fueron arrestados dos representantes de la empresa Carpetas Abadías SL, dedicada a la fabricación de carpetas, bolsos y maletines.

Los otros imputados que quedaron ayer en libertad con cargos son el dueño de una imprenta de Sevilla que ya había sido puesto en libertad en la tarde del pasado martes por la propia Guardia Civil, así como Simón Chávarri, dueño de Chavsa, una empresa dedicada a la arquitectura corporativa, la construcción e ingeniería de edificios. También quedó libre un comercial de la misma empresa, el administrador de la agencia Viajes Macarena y el responsable de la empresa Lienzo Gráfico.

Los investigadores sospechan que todos los empresarios detenidos habrían participado en la elaboración de facturas falsas para que el sindicato UGT-A pudiera justificar el cobro de subvenciones de la Junta destinadas a cursos de formación pero que habrían sido utilizadas para fines distintos.

De hecho, la Guardia Civil sostiene que las investigaciones han revelado diversos métodos que habrían sido utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines distintos, en este caso, a una presunta "financiación del propio sindicato", hasta el punto de que esta práctica ilícita sería la vía "más importante en la financiación" de la organización sindical. La Guardia Civil añade que estos procedimientos fueron ejecutados por personal que trabajaba para la UGT-A, que estaba dirigido por el que fuera responsable de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda, que fue detenido el martes en Tenerife y que ayer fue trasladado a Sevilla para comparecer esta mañana ante el magistrado que investiga el caso.