En la X Legislatura andaluza, los distintos partidos y parlamentarios han puesto en marcha 1.230 iniciativas para impulsar la acción del Gobierno socialista de Susana Díaz. Junto con el control del Ejecutivo, es una de las labores más importantes del Parlamento. Las más llamativas de estas medidas son las proposiciones de ley, que parten de los grupos y pueden traducirse en leyes si logran convencer a la mayoría de diputados. De aprobarse, se convierten en norma de obligado cumplimiento para el Ejecutivo y, obviamente, para los ciudadanos. Pero hay otras propuestas que también parten de la Cámara y que deben incluirse en la agenda del Gobierno de forma obligatoria si cosechan el apoyo de la mayoría de diputados. Son las mociones. Y del total de 48 presentadas por los partidos desde que se constituyó el Parlamento, en abril de 2015, hay siete que se han incumplido de forma manifiesta.

Al menos eso es lo que revelan los datos que el Parlamento cuelga en su página web, donde se detalla el estado de tramitación de estas iniciativas. Hubo seis mociones que no pasaron el corte en la capilla del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, pero esas siete, pese a su aprobación, no han desembocado en la puesta en marcha de las políticas que pretendían impulsar.

Son las distintas consejerías las encargadas de redactar un informe para demostrar que las propuestas incluidas en las mociones se han llevado a cabo. Ese documento se eleva después a la Mesa del Parlamento, que toma conocimiento del mismo. Después de que el órgano de control de la Cámara reciba el resumen del Gobierno, las comisiones deben examinarlo y decidir si se han desarrollado las iniciativas que estaban incluidas en el texto aprobado por la mayoría de parlamentarios.

Siete de esos informes han resultado desfavorables. Es lo que le ocurrió a una moción de IU sobre política de aguas mediante la cual la federación de izquierdas pretendía, entre otros asuntos, mejorar la situación del acuífero 27 -del que se nutre el espacio natural de Doñana- o mejorar las infraestructuras hidráulicas de la comunidad. La misma suerte corrieron dos mociones del PP aprobadas en julio de 2016 sobre políticas en favor de las personas con discapacidad y política de justicia. También de los populares partió una moción -con resultado negativo- que pedía al Gobierno regional un impulso a la ley de Juventud y otras políticas destinadas a mejorar la vida de los jóvenes andaluces.

La misma suerte corrió una propuesta sobre infancia y en defensa de los derechos de los menores presentada por Podemos, formación que también logró sacar adelante una iniciativa sobre políticas generales de empleo que finalmente recibió el informe negativo de la comisión de Empleo, Empresa y Comercio. Para terminar, Ciudadanos se llevó un varapalo con una moción del pasado mes de marzo en política de agricultura y que finalizó con dos informes desfavorables desde la comisión del ramo.

Las mociones no tienen un plazo fijado para su cumplimiento, y hay algunas que ni siquiera han recibido el resumen de la consejería correspondiente sobre el cumplimiento de sus propuestas. Por ese motivo hay iniciativas que llevan en un cajón desde los primeros plenos de la legislatura, como la que Ciudadanos impulsó en octubre de 2015 para poner en marcha la renovación del consejo de administración de RTVA y adecuarlo al reparto de fuerzas de la Cámara, así como a nombrar a un nuevo director general que sustituya al actual subdirector, que rige el ente público de forma interina desde hace años.

Juan Marín, el líder de la formación naranja, recuerda cada vez que tiene ocasión que esa iniciativa está congelada, pese a que se aprobó con los votos afirmativos de PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU y la abstención del PP. Es cierto que la renovación de la cúpula de RTVA depende del propio Parlamento, pero la iniciativa incluye hasta veinte puntos que, según la web del Parlamento, no se han cumplido todavía.

En el mismo limbo se encuentran otras 21 mociones, aprobadas por el Parlamento en los plenos de los últimos años y de temática variada. La más antigua es la mencionada moción sobre la RTVA, pero donde el PP solicitó a la Junta el pago de la deuda con los ayuntamientos en materia de dependencia que salió adelante en noviembre de 2015. La más fresca se aprobó en el último pleno de este año, los días 19 y 20 de diciembre, versa sobre la inspección educativa y todavía tiene un largo camino hasta que la Cámara resuelva si el poder Ejecutivo ha escuchado al legislativo o no.