Últimamente, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández había adelgazado algunos kilos debido a la supuesta eficacia del llamado método Dukan, rebautizado por alguno de sus amigos como el método Alaya. La juez del caso de los ERE, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya,  lo había imputado en marzo del año pasado, en 2011, y durante esos meses -13 hasta que el martes lo envió a prisión-  debió consumir bastantes calorías de modo extraordinario. Su comparecencia final comenzó el viernes 20; siguió el sábado, el domingo y llegó hasta el pasado lunes, cuando entró en los juzgados a las 10:15 de la mañana y permaneció allí hasta las 6:45 horas del martes. Cuando media ciudad de Sevilla se había retirado del prólogo de la Feria de su ciudad, en la llamada noche del pescaíto, Fernández seguía allí. En los juzgados. Varios abogados, agentes de la Guardia Civil y una veintena de periodistas aún esperaban a que amaneciese el martes cuando la juez Alaya bajó de su despacho y entregó a Fernández el auto de prisión provisional sin fianza. Los periodistas encontraron un garito abierto a esas horas, y le subieron un bocadillo. Sin las especificaciones de Dukan, claro.

Si los jueces supiesen desprenderse de su farragoso metalenguaje, capaz de haber inventado palabros como delictual o penológica, y hubieran entendido el valor de la coma y el punto en el relato escrito, recomendaría ahora mismo la lectura de los 78 folios en los que la juez explica el caso de los ERE y concluye con la orden de enviar a Antonio Fernández a la prisión de Morón, llamada Sevilla II. A grandes rasgos, Mercedes Alaya, que como poco es una juez estajanovista a pesar de su ligera figura, mantiene que Antonio Fernández fue uno de los ideólogos de un acuerdo, firmado en 2001, por él como viceconsejero de Empleo y presidente del IFA y José Antonio Viera, como consejero del mismo departamento, para  entregar ayudas -"regalar" escribe en una ocasión-  entre otros, a personas y empresas cuyos "privilegios procedían de ser (...) próximos a cargos de la Junta y del PSOE, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés". Sostiene la juez que hay indicios para sustentar seis delitos contra él, y concluye con el mandato de envío a prisión.

El encarcelamiento de Fernández es el hecho que ha levantado  mayor polémica. El Gobierno andaluz, por boca de su portavoz, Mar Moreno, trató de alejar el pasado martes la gestión de este Ejecutivo y del siguiente, el que se formará con IU, de los graves hechos que apunta la juez, pero consideró innecesaria la prisión. Varios juristas y fiscales con los que ha consultado este medio también sostienen esta idea. No, así, la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la cárcel provisional sin fianza, una medida excepcional que debe estar muy justificada, por cuanto colisiona con el derecho de las personas a la libertad. El presidente  de la Junta, José Antonio Griñán,  también se mostró el viernes contrario a la prisión, y anduvo un paso más que Mar Moreno al recordar que la presunción de inocencia sigue intacta. Y es así. Mientras dure la instrucción, y no llegue el juicio y la sentencia, ése es otro de los derechos fundamentales que le asiste.

El sindicato ultraderechista Manos Limpias también solicitó esta medida extraordinaria, así como  el abogado del PP. La magistrada iba respaldada.

La juez Alaya cree que se dan las dos condiciones para que Fernández entre en prisión. Es decir, dos argumentos redondos por los que considera, absolutamente, imprescindible para la investigación que el ex consejero esté en Sevilla II y que no valgan, por tanto, otras medidas cautelares como la fianza, la retirada del pasaporte o la visita obligada a los juzgados cada semana o cada 15 días. Las dos condiciones son el riesgo de fuga y el entorpecimiento a la instrucción del caso, una vez que el legislador eliminó en su día como tercer requisito la llamada alarma social después de que el Tribunal Constitucional indicase en varias ocasiones que eso del escándalo era un hecho muy subjetivo al que, además, se le podía echar gasolina de modo gratuito.

Claro, la duda es la siguiente: ¿Si desde hace 13 meses Antonio Fernández sabe que está imputado, conoce que algunos de sus compañeros han ido a la cárcel y es uno de los "ideólogos" del sistema de ayudas, por qué no se ha evadido ya o ha obstruido todo cuando tenía que obstruir? Mantiene la juez que "existe riesgo de fuga porque, pese a tener suficiente arraigo familiar, la gravedad delictual y penológica expuesta (vamos, la gravedad de los delitos) podrían generar el más lógico temor a una eventual condena". ¿Y el arraigo familiar? Es decir, ¿qué hace con sus hijos? Sobre eso, dice la juez: "Dado los importantes cargos públicos que ha desempeñado y que a día de hoy aún desempeña, con importantes salarios mensuales, se le puede suponer suficiente capacidad económica para dicha evasión sin que al arraigo fuera obstáculo porque podrían acompañarle sus familiares más próximos". ¿Y sobre el entorpecimiento de la causa? Es el principal argumento de la juez, y sostiene que es ahora, "cuando ha demostrado a lo largo de su declaración un más que evidente desconocimiento del estado actual de las actuaciones", cuando puede influir de modo "notable" sobre otras personas. Es decir, que el muñidor, el ideólogo de la supuesta mangancia, se entera 13 meses después de su imputación de qué va todo esto.

Es cierto que, como dice la juez en su auto, "la política no puede ir en contra de la Ley y del Derecho", pero éste bebe mucho de las formas, de lo que los juristas llaman procedimiento. Alaya ha sufrido sotto voce injurias y calumnias, comentarios barriobajeros, pero hay que atender a aquellos juristas que han mantenido durante estos días, también sotto voce, que no hay peor guía para un juez que los  focos de las cámaras. Pueden, incluso, cegar.