La Oficina Andaluza Antifraude no ha cobrado una sola multa en cuatro años y pide ayuda a Hacienda

Lo mantienen oculto con gran celo ya que se trata de una reforma de calado que puede, además, afectar a los propios parlamentarios, a los miembros del Gobierno andaluz y del resto de las administraciones. El director de la Oficina Andaluza Antifraude, el magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha registrado en el Parlamento andaluz una propuesta de reforma de la ley que regula este organismo pidiendo que sea la Agencia Tributaria de Andalucía la encargada de cobrar las multas que imponga. Una medida que supone una presión añadida a la fiscalización que realiza. Y que pone de manifiesto que desde 2021, cuando empezó a funcionar hasta ahora, no ha tramitado ninguna sanción económica puesto que no tenía como cobrarla. Y eso que ha recibido hasta 1.473 denuncias en total.

Según consta en la normativa vigente, la Oficina Andaluza Antifraude puede imponer sanciones a los funcionarios, empleados y cargos públicos o empresas privadas por infracciones tipificadas en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (artículo 9.1.n) de la Ley 2/2021, de 18 de junio); en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros cargos públicos y en la Ley 2/2021, de 18 de junio sobre régimen presupuestario, contable y de control del gasto del Parlamento de Andalucía. Unas sanciones que pueden suponer la percepción de ingresos en la Oficina que no están contemplados en la regulación de la misma.

Hay que tener en cuenta que este organismo emana directamente del Parlamento de Andalucía, una institución que no tiene potestades sancionadoras tal y como recoge el reglamento que regula la normativa de la Cámara Andaluza.

Una situación que el nuevo director de la Oficina Antifraude, Francisco Sánchez Zamorano, ha decidido resolver como una de las primeras medidas que ha tomado al frente de esta institución, ya que fue designado por el Parlamento (con los votos de PP y Vox) el pasado mes de julio.

En la propuesta de reforma del reglamento de la Oficina Antifraude, el director plantea que sea la Agencia Tributaria de Andalucía la responsable de la ejecución forzosa de las sanciones pecuniarias que se puedan imponer. Para ello ha planteado la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 32 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante que dice lo siguiente: “Los ingresos de derecho público de la Oficina formarán parte de la Hacienda de la Junta de Andalucía y de su Tesorería General conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo».

Claro que esta modificación legislativa necesita del apoyo de los grupos parlamentarios que todavía no conocen la propuesta de Sánchez Zamorano. La Mesa del Parlamento calificará en su reunión de este miércoles la propuesta de reforma de la legislación y, en el caso de que lo estime, lo incluirá en el orden del día de alguno de los próximos plenos de la Cámara. A partir de ahí empezará el debate político y los grupos políticos decidirán si este camino es acertado o si entienden que debe hacerse una reforma más profunda de un organismo que no ha podido poner una sola multa en cuatro años.