El Parlamento andaluz y el Congreso ponen coto a la prensa en plena polémica por la corrupción

El Parlamento de Andalucía y el Congreso celebran esta semana los últimos plenos del período de sesiones antes de las vacaciones de agosto, unas sesiones “escoba” en las que se aprueban los asuntos pendientes. Con los escándalos de corrupción encima de la mesa de uno y otro lado da la casualidad de que en ambas cámaras se va a estrenar una regulación nueva para la prensa. O, mejor dicho, unas nuevas normas para “ordenar” el trabajo de los periodistas.

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado sólo con los votos de la mayoría absoluta del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de los grupos de izquierdas, las nuevas normas para el uso de la sala de prensa y de los espacios comunes del edificio. A partir de ahora, sólo los diputados, senadores por la comunidad autónoma y los cargos de extracción parlamentaria (como la Cámara de Cuentas), además de los miembros del Consejo de Gobierno podrán hablar allí ante los periodistas. Nada de activistas de ningún género (o representante de cualquier colectivo enfadado), aunque estén acompañados por diputados.

Las ruedas de prensa deberán durar media hora y será necesaria una autorización expresa (tras una petición formal al letrado mayor) para grabar con fines periodísticos en las salas de uso común como la sala Jiménez- Becerril, la biblioteca o el salón de plenos. La Mesa del Parlamento o el presidente de la Cámara deberán dar la correspondiente autorización. Es más, el presidente del Parlamento podrá denegar el uso de esos espacios a los grupos parlamentarios “motivadamente y previa ponderación de las circunstancias”. El presidente del Parlamento podrá proponer otros usos alternativos de la sala de prensa, pero deberá aprobarlo la Mesa de la Cámara.

¿Y si alguien quiere dar una rueda de prensa en los patios del Parlamento? una práctica habitual que ha utilizado, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De momento, está permitido.

Régimen sancionador

La Cámara autonómica se queda ahí en esta regulación de la prensa. El Congreso de los Diputados lo está gestionando de otra manera. La Cámara Baja debatirá y aprobará hoy (ya tiene el Gobierno los votos de todos los grupos salvo los de PP y Vox), una reforma del reglamento que incluye un procedimiento para la concesión y renovación de las credenciales de los periodistas, que les permitirá acceder al Congreso o a unas determinadas sesiones, requisitos que se aprobarán en un plazo máximo de tres meses. También se incluye un régimen sancionador y la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria en el que estarán representados los grupos políticos y los colectivos profesionales del ámbito de la comunicación.

Con el objetivo de evitar que los activistas sin cualificación profesional (ya se han producido algunos episodios desagradables que han generado quejas de los profesionales de la comunicación), el Congreso establece medidas muy restrictivas (¿demasiado?) para el trabajo periodístico. En la práctica, se podrán retirar las acreditaciones a los periodistas que incluyan información falsa en la solicitud de la credencial, que accedan a espacios reservados a los diputados sin autorización, que interrumpan en las ruedas de prensa o en los encuentros de la Cámara con los medios o que publiquen en medios do redes sociales imágenes obtenidas contra la normativa .