La declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal no le resultó cómoda si se tienen en cuenta los continuos reproches que le hicieron durante el interrogatorio y el juez y los fiscales del Supremo respecto a su actuación ante los informes que la Consejería de Economía y Hacienda recibió del interventor general de la Junta alertando de las graves irregularidades y que el imputado sostiene que no recibió.

El primero en recriminar la actuación del departamento que dirigía Griñán fue el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien cuestionó que la entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no le trasladara las advertencias que la Intervención le hizo "seis veces de palabra" por lo menos en el periodo de un año. "Con arreglo a las máximas de la experiencia, no parece razonable que a la segunda persona de más confianza, la que tiene usted debajo y a la que da confianza en su labor diaria, le hagan estas advertencias alarmantes por parte de este digamos superjefe de la Intervención en Andalucía, y a su vez esta señora, año tras año, no le dé cuentas a usted de estos déficits ni le dé cuenta de los incumplimiento procedimentales", manifestó el magistrado, que consideró que "las máximas de la experiencia no son muy coherentes con lo que usted me ha contado".

Griñán se defendió alegando que no se elevaron los informes porque "en ningún momento se proponía una actuación del consejero" y porque además él no tenía competencias para intervenir sobre otra Consejería -en alusión a Empleo- en la ejecución del gasto.

En esta misma línea, los fiscales del Supremo cuestionaron a Griñán que no tuviese conocimiento de las deficiencias apreciadas por la Intervención. "Usted ante el conocimiento y si no lo conoce usted me da igual, la viceconsejera, ¿cómo es posible que no se haga nada, que no se actúe? Es que no cabe en cabeza humana. Uno no se puede basar sólo en las normas. El gestor administrativo tiene que velar por el cumplimiento de la formalidad", afirmó el fiscal, que en otro momento del interrogatorio plantea lo siguiente: "La Consejería de Economía no se entera, el director general de Presupuestos no se entera, el director de Planificación tampoco... ¿Nadie se enteraba de nada?"

El representante del Ministerio Público llega a explicar que quizás la Intervención "no ha ejercido sus funciones bien, pero que ustedes no tenían conocimiento no puede afirmarlo así. Es imposible", sentencia el fiscal, que recuerda que todos los informes tenían como destinatario la viceconsejera, pero en los mismos se hacía constar "para su conocimiento y traslado al consejero".

El fiscal le recuerda a Griñán las "graves irregularidades detectadas, como que no hay publicidad de las ayudas ni solicitud". "No hay nada, no hay ningún control" y en los expedientes "hay un simple convenio que no dice nada, dos clausulitas y la póliza" para el pago de las ayudas.

La Fiscalía también reprochó que Griñán afirmara que se habían tomado "todas las cautelas" y que se instruyó a la Intervención para que hiciera el informe de actuación si detectaba menoscabo de fondos públicos. "Vamos a ver, 'todas las cautelas' parece que no es serio afirmarlo así cuando llevamos diez años con el mismo procedimiento que luego se ha modificado radicalmente", subraya el fiscal, que llega a concluir que la verdadera realidad de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones está en que el procedimiento "se creaba en el limbo de la fiscalización", en alusión a que no había control previo ni posterior por parte de la Intervención de la Junta.

De otro lado, el senador José Antonio Griñán afirmó ayer que no teme perder su aforamiento ante el Tribunal Supremo y mostró su "plena confianza" en la gente que ha trabajado bajo sus órdenes en el Gobierno andaluz y también en su antecesor, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves.

Una vez que Griñán deje de ser senador, con toda probabilidad el instructor remitiría las actuaciones relacionadas con Griñán al juzgado de Alaya, como ha ocurrido con los cuatro aforados ante el TSJA, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que la competencia para el enjuiciamiento queda determinada por el tribunal que acuerda en su caso la apertura de juicio oral.