Fue Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien describió como un sudoku el difícil encaje de intereses de las 17 comunidades autónomas cuando del reparto de dinero se trata. Ese puzzle del sistema de financiación autonómica que dio por solucionado el Gobierno socialista a finales de 2010 con un aumento de las inversiones, es decir, más dinero para todos, amenaza con volver a estallar por los aires y, Andalucía tiene ahora motivos políticos (y económicos) para liderar el debate.

De hecho es lo que está alentando en las últimas semanas el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien aplaudió el nuevo sistema de financiación aprobado por el Gobierno del PSOE, pero dos años y medio después encuentra fallos en su "aplicación", como que el fondo de competitividad no está cumpliendo su función de compensación, y aboga por una revisión.

Así, Griñán da un paso muy relevante para su estrategia política al entrevistarse con el presidente de Canarias, Paulino Rivero (Coalición Canaria), otra de las comunidades que peor paradas están saliendo con el sistema de financiación vigente.

De esta reunión saldrá previsiblemente un nuevo frente al que se intentará sumar a más comunidades, lo mismo que pasó en el diseño del actual sistema, aunque esta vez Griñán se topa con un mapa azul sin díscolos por el momento.

Las comunidades se posicionarán estas semanas de cara a la Conferencia de Presidentes autonómicos que el Gobierno ha convocado para el 2 de octubre en el Senado. El PP por su parte transmite la consigna de que la revisión no es necesaria y lo que el país necesita en la actualidad es unidad y no abrir el melón del sistema de financiación, como ha transmitido el PP andaluz esta última semana.

Como siempre, Cataluña ha sido la que ha alentado del debate. El actual sistema de financiación se saldó con un acuerdo a dos entre Solbes y el ex consejero catalán de Economía Antoni Castells por el que el primer año Cataluña recibió al menos 1.896 millones más de lo que recibía con el modelo anterior.

Pero la situación económica se agravó, llegaron los recortes y ahora Cataluña, con CiU, alienta que existe un déficit fiscal (ingresa del Estado menos de lo que aporta) que la ha obligado a hacer recortes de calado. Los ojos de todas las comunidades se han vuelto de nuevo al sistema de financiación a raíz de esa reclamación de Cataluña de un pacto exclusivo.

Hay que mover ficha. El invitado de Griñán, con el que se reúne hoy en el Palacio de San Telmo, lleva semanas clamando a unirse contra la "prepotencia" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El presidente andaluz, que se ha investido con el papel de hombre de Estado y lleva su propia agenda nacional, preocupado de todo lo que pase más arriba de Despeñaperros, es un aliado natural.

La revisión del sistema de financiación empezará a ocupar páginas en un momento en el que Cataluña reclama su pacto fiscal y muchas comunidades autónomas, como Andalucía, se van a ver obligadas a acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que no quieren llamar rescate. Andalucía sopesa pedir hasta 3.600 millones. Esta pasada semana se hicieron públicos los datos de déficit del primer semestre y algunas, entre ellas Andalucía, se acercan ya al techo marcado para final de año, un 1,5%. Canarias ya ha culpado al sistema de financiación de su desviación; Griñán, de momento, no.

A este escenario económico se suman otros factores como la próxima presentación de los Presupuestos Generales del Estado que, en función de las aportaciones estatales, darán mayor o menor respiro a unas cuentas autonómicas ya de por sí muy comprometidas y que presumiblemente tendrán que seguir avanzando por la senda de los recortes. También en Andalucía, a pesar del deseo de IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, de dar un golpe de efecto en el diseño de sus primeras cuentas.

La Junta aún no ha presentado cuáles serán sus prioridades para el próximo año y prefiere centrarse en reclamaciones de liquidez inmediata para hacer frente a la situación de impagos que sufren numerosos colectivos.

En este contexto, la revisión del sistema de financiación se adivina como uno de los puntales de la estrategia política de los próximos meses. En un apunte de su blog personal, el presidente canario escribió ayer que "seguiremos buscando puntos en común con otras comunidades autónomas perjudicadas por el actual modelo para abrir líneas de trabajo y colaboración que nos permitan mantener una posición firme en la defensa de la revisión de un sistema que tanto daño nos está haciendo", dijo.

Rivero apuntó que es un sistema que "no gusta a casi nadie" y del que discrepan muchos presidentes autonómicos, "dándose la circunstancia de que ese malestar no se detiene en siglas o militancias porque es generalizado".

El presidente canario cifró en "más de 800 millones de euros con respecto a la media" el perjuicio económico que le supone el actual sistema y señaló que este problema también lo tienen, aunque en menor grado, Andalucía, Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha. Griñán podría hoy calcular a cuánto asciende ese impacto por el modelo de financiación.

Así las comunidades autónomas han comenzado a mover ficha para intentar recibir más dinero del Estado. Las del PP se mantienen prietas las filas, por ahora, mientras las gobernadas por nacionalistas y Andalucía se arman de razones para comprometer al Gobierno a que solucione un sudoku que se presenta de nuevo irresoluble: contentarlas a todas.