Con fecha del pasado jueves, 1 de marzo, la Diputación ha aprobado la resolución por la que, otra anualidad más, garantiza cinco millones de euros para la contratación de personas en riesgo de exclusión social en los ayuntamientos y ELAs de la provincia. A esa inversión provincial, los xonsistorios suman más de 800.000 euros, por lo que serán 5,8 millones los que atiendan de forma integral a las familias que más lo necesitan en las localidades sevillanas, empleando a alguno de sus miembros con contratos que oscilarán entre 15 días y tres meses.

La nueva edición del PUM volverá a beneficiar a más de 4.000 familias en toda la provincia de Sevilla, donde serán los servicios sociales municipales los que determinen qué casos específicos son los que más urgencia tienen para acceder a esta iniciativa de creación de empleo.

En palabras de Villalobos, “con esta nueva apuesta del Plan de Urgencia Municipal volvemos a atender a una demanda permanente de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que son los que más reclaman estas partidas”.

Desde que se iniciaran las ediciones del PUM en 2009 como iniciativa enfocada a contratar a personas cuyas unidades familiares se ven más afectadas por una mala coyuntura económica, la Diputación ha destinado 64 millones de euros a los contratos que se generan con el programa. A esa cantidad se han sumado aportaciones de la Junta y los ayuntamientos por valor de casi 10 millones.

“Las cifras hablan de que hemos destinado, entre Ayuntamientos y Diputación, casi 75 millones a un programa que ha servido para hacer política sensible centrada en las personas, con casi 50.000 familias beneficiadas para cuando finalice la edición del PUM 2018 que ahora acabamos de poner en carga”, ha recordado Villalobos.

PUM 2009-2018

La nueva edición que ahora se adjudica a los ayuntamientos, dotada con 5,8 millones de euros, vuelve a destinarse a familias que padezcan graves problemáticas socioeconómicas, que carezcan de recursos para hacer frente a las mismas y acrediten la situación de desempleo, así como a jóvenes con dificultades sociales y mujeres en situación de riesgo de exclusión social.

Dicha convocatoria se extenderá en su aplicación hasta el 31 de diciembre de este año y, una vez más, las Entidades Locales podrán destinar con carácter voluntario su aportación a la compra de materiales, pequeñas herramientas y otros suministros que permitan el correcto desarrollo de las funciones del personal contratado.

A la hora del reparto, la corporación provincial ha vuelto a formular el mismo atendiendo a la proporcionalidad respecto a los demandantes empleo censados en cada localidad y, siempre, la cuantía no podrá ser inferior a 2.500 euros por municipio. Además, se aplica un principio corrector por el que los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes no hacen aportación alguna; los de entre 5.000 y 10.000 contribuyen con un 5% de la suma total que se hace desde los consistorios; los de entre 10.000 y 20.000, colaboran con un 10%; entre 20.000 y 50.000 habitantes coadyuvan con un 23% y; finalmente, los municipios de más de 50 mil habitantes suman el 28% del bloque de financiación procedente de los ayuntamientos.