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La Fiscalía Anticorrupción tendrá un tercer fiscal delegado en Sevilla

  • Colaborará en la investigación de causas como la de los ERE y todo apunta a que la Fiscalía Especial asumirá el caso de las facturas falsas de UGT que instruye la juez Alaya.

La plantilla de la Fiscalía Anticorrupción se reforzará en Sevilla con un tercer delegado para hacer frente a la avalancha de casos de corrupción que en los últimos años se están investigando en los juzgados sevillanos. La fiscal jefe de jefe de Sevilla, María José Segarra, reclamó ayer la creación de esta tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción para Sevilla por el "volumen" de asuntos relacionados con la corrupción que se están investigando en los últimos años. Segarra explicó que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que de las 14 plazas de nuevos fiscales que en toda España están a la espera de que se les conceda un destino se cree una tercera de Anticorrupción para Sevilla. 

La propia Fiscalía General del Estado informó ayer de que la Fiscalía Anticorrupción ha formulado su petición de que Sevilla cuente con un nuevo fiscal y ha precisado que la plaza "actualmente se está tramitando en la Inspección Fiscal", el organismo encargado de la supervisión de la plantilla de la carrera fiscal.

La fiscal jefe, María José Segarra, señaló que se trata de crear una plaza "necesaria por el volumen que ahora tienen los temas de corrupción" en Sevilla, donde además del escándalo de los ERE fraudulentos se investigan otros sumarios muy complejos o voluminosos como el de las presuntas irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, el de las supuestas irregularidades en otras nueve empresas públicas de la Junta que también utilizaron el mecanismo de las transferencias de financiación, el caso de las facturas falsas de UGT o algunas de las variantes de las irregularidades detectadas en la empresa pública mixta Mercasevilla. 

Todo apunta a que el caso de las facturas falsas de la UGT, que la juez Mercedes Alaya mantiene actualmente bajo secreto de sumario, será asumido por la delegación de la Fiscalía Anticorrupción, aunque por el momento no hay ninguna confirmación oficial. Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio carta blanca a Alaya para investigar al secretario general de UGT, Cándido Méndez, en relación con el escándalo que sacude a esta organización sindical, al acordar inhibirse en favor del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla respecto a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. 

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada cuenta actualmente con dos delegados en Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, a los que ahora se sumará un tercer fiscal. Según fuentes del Ministerio Público, este tercer fiscal será probablemente Fernando Soto Patiño, actualmente adscrito a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía hispalense pero que desde hace varios meses colabora en la instrucción del caso por las irregularidades de Invercaria, cuya investigación asumió esta Fiscalía. 

La fiscal jefe destacó que el refuerzo de Anticorrupción en Sevilla no constituye una ampliación ordinaria de la plantilla de fiscales de Sevilla, que lleva cuatro años sin incrementarse, sino que se trata de adscribir una de las 14 plazas de fiscales que ya están aprobadas y a la espera de que se asigne un destino. La plantilla de fiscales de Sevilla está compuesta por 89 fiscales, incluyendo todos los destinados en la provincia y la Fiscalía de área de Dos Hermanas. 

En Andalucía hay otros cuatro delegados de Anticorrupción en la provincia de Málaga, donde se han investigado escándalos como la operación Malaya y el saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Anticorrupción investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con la corrupción y también asume la investigación de los delitos económicos cometidos por grupos organizados, salvo que sean de competencia específica de la Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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