I Congreso de la Abogacía de Sevilla reúne a 400 juristas y refuerza el foro jurídico nacional

El I Congreso de la Abogacía de Sevilla celebrado en la Real Fábrica de Artillería ha reunido a cerca de 400 profesionales del Derecho procedentes de diversas regiones de España, transformando a Sevilla en un nuevo punto de encuentro imprescindible para la actualidad jurídica. Organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), este foro ha contado con la asistencia de entidades como administraciones públicas, universidades y operadores jurídicos, y ha centrado su atención en desafíos contemporáneos, incluidas reformas legislativas, la aplicación de inteligencia artificial en el trabajo legal y el impacto del auge de los apartamentos turísticos en el urbanismo local y la convivencia ciudadana.

El congreso, desarrollado durante dos intensas jornadas, ha conjugado formación jurídica, respaldo institucional y una activa implicación del sector empresarial. El decano del Colegio, Óscar Fernández León, destacó en la clausura que ‘ha reforzado el sentido de pertenencia de la abogacía sevillana’, incidiendo en que ‘los asistentes no han sido solo participantes, sino protagonistas de un encuentro que ya forma parte del patrimonio del Colegio’. La programación ha incidido en la actualización doctrinal y práctica de los profesionales, promoviendo análisis técnicos de normativas recientes y el intercambio de perspectivas sobre los retos que afronta el sector.

Un foro consolidado para el intercambio y la formación jurídica

La primera edición de este congreso jurídico ha supuesto un punto de inflexión para la profesión en la ciudad. Según Fernández León, ‘este Congreso marca un punto de inflexión para la profesión, al consolidar un espacio propio de reflexión, actualización y convivencia que hasta ahora no existía en la ciudad’. El ambiente de colaboración profesional y nuevas oportunidades de relación ha sido uno de los valores más destacados por los participantes, muchos de ellos procedentes de distintas provincias.

La calidad del programa se ha visto reforzada por un cuadro formativo de más de 20 horas, con quince sesiones y dos talleres, en las que han intervenido 57 expertos entre jueces, magistrados, catedráticos, abogados y especialistas del ámbito penal y civil. Las salas han estado prácticamente llenas durante toda la celebración, reflejo del fuerte interés que suscita la actualización continua y rigurosa en el sector de la abogacía. Los asistentes valoraron especialmente la diversidad de perspectivas y la profundidad de los debates, tanto en cuestiones técnicas como en la transformación digital de la profesión.

Debates clave: inteligencia artificial y retos legislativos

Uno de los focos de interés de este I Congreso de la Abogacía sevillana ha sido el análisis de la inteligencia artificial y su integración en los procesos jurídicos. Durante las jornadas, se subrayó el potencial de estas herramientas para agilizar tareas y optimizar procedimientos, sin perder el rigor y los criterios jurídicos tradicionales sobre los que se asienta el sector. Además, se abordaron las implicaciones éticas de la IA en la práctica profesional y los límites necesarios para preservar la independencia y calidad técnica de la abogacía.

También ha tenido relevancia el estudio de las reformas normativas y su impacto sobre el ejercicio profesional. Los asistentes analizaron el papel de los facilitadores en los procedimientos que afectan a personas con discapacidad, subrayando la necesidad de que las resoluciones judiciales sean accesibles y comprensibles. En esta línea, se discutió el cumplimiento efectivo de los criterios de accesibilidad que requiere el sistema de Justicia en España.

Ponencias destacadas y respaldo institucional

En el plano doctrinal, tuvo especial notoriedad la intervención del magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, quien reflexionó sobre el proceso penal con imputados con discapacidad, profundizando sobre la imputabilidad y el modelo dual de reacción penal: penas y medidas de seguridad. Estas aportaciones permitieron a los presentes explorar enfoques prácticos y actualizados respecto a la protección de derechos y garantías procesales.

El congreso recibió un amplio respaldo institucional y empresarial, con participación activa de administraciones públicas, universidades, operadores del ámbito financiero, asegurador y tecnológico, así como patrocinadores y colaboradores sectoriales. Tal apoyo ha facilitado la puesta en marcha de una cita de máximo nivel en el calendario jurídico nacional y ha confirmado la vocación de continuidad de esta iniciativa en próximos años, según han señalado fuentes del ICAS a medios especializados.