Los ex consejeros del Betis Manuel Castaño, Ángel Vergara y Jaime Rodríguez-Sacristán presentaron el pasado lunes 30 de enero en el juzgado de lo Mercantil una demanda de juicio ordinario sobre la impugnación de la pasada Junta General de Accionistas del club, que se celebró el 22 de diciembre de 2011.

La base de la misma se concentra en los acuerdos adoptados en el punto número uno del orden del día. El consejo de administración actual, como era de esperar, sólo aprobó las cuentas del ejercicio 10-11 desde la entrada de el mismo el 13 de diciembre de 2010, pero no la anterior, aunque los ex consejeros impugnan hasta seis errores o irregularidades contables que, lógicamente, en su opinión, deberían ser corregidas.

Estos errores o irregularidades atañen, según los demandantes, a la minoración de activos, es decir, a la infravaloración de futbolistas que ya no pertenecen a la entidad, casos de Ricardo y Odonkor. En segundo lugar, a gastos considerados no necesarios para la sociedad, como los pagos a Orión o las famosas comisiones por las salidas de Sergio García y Mehmet Aurelio, ya que al ser reclamas deberían estar como un derecho de crédito y no como un gasto. En el caso de Orión, incluso se han deducido fiscalmente.

Igualmente, ven un perjuicio al club por menor amortización contable, por mantener un inmovilizado de unos 8 millones de euros cuando la memoria habla de 11,5. O en el cobro por traspasos de jugadores en el ejercicio, que asciende a 34,8 millones de euros, cuando apenas se ingresaron 6, aseguran.

Los dos últimos errores o irregularidades que observan los demandantes en la contabilidad atañen a los traspasos a largo plazo, ya que el concurso de acreedores ha sido reflejado y no se debería haber hecho efecto hasta que se firme el convenio, previsto en principio para junio de este año. Igualmente, el consejo cifra en poco más de 3.000 euros la pérdida del derecho a deducciones por reinversión de beneficios extraordinarios, que ascienden a casi 2,5 millones. Por todo ello, los demandantes impugnan la Junta y exigen su corrección al actual consejo.

El segundo punto tiene que ver con la acción de responsabilidad que, de manera unilateral, propuso Bosch entre los puntos uno y dos del orden del día contra todos los ex consejeros. Éstos creen que no tenía sentido ocultarla porque ellos ya estaban fuera del órgano rector y con ello se privó a los accionistas de un derecho fundamental.

Con todo, los demandantes, a la espera de la admisión a trámite por los Juzgados Número 1 o 2 de lo Mercantil, no han solicitado medidas cautelares.