El presidente del CSD pide a la CE que no dañe la imagen del fútbol español

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, dijo que "la fiscalidad que soportan los equipos españoles es mucho más gravosa" que la de otros países y pidió al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que "aclare la magnitud del problema para no dañar la imagen del fútbol español". "Estamos hablando de entidades, y tengo datos recientes, que pagan más de 170 millones de euros el año pasado. Me gustaría que el comisario, hablando de ayudas europeas, para no trasladar una imagen equivocada, señale que la fiscalidad de soportan los equipos españoles es mucho más gravosa, sensiblemente mayor, que la de sus homólogos alemanes, ingleses, franceses con la ley que tienen en proyecto e incluso italianos", afirmó Cardenal en declaraciones a Radio Nacional.

El presidente del CSD se expresó así después de conocer que la Comisión Europea (CE) abrirá esta semana una investigación oficial contra siete clubes de fútbol españoles -Real Madrid, Barcelona, Athletic, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche-, por posibles ayudas de Estado ilegales. "Es una obligación del comisario situar en su magnitud este problema", añadió Cardenal, que invitó al comisario Almunia a adelantar la conferencia de prensa que tiene previsto ofrecer esta semana "para evitar el deterioro o daño de imagen que la actuación que se está llevando a cabo pueda infligir de manera muy injusta al fútbol español". Cardenal cuestionó que la CE "haya agrupado expedientes que no tienen nada que ver con tantos años de diferencia unos de otros", ya que investiga a los clubes citados por tres motivos distintos, al considerar que se han podido beneficiar de apoyos públicos incompatibles con las normas comunitarias. "A una persona con su trayectoria, experiencia y con las décadas que lleva ya de ejercicio de la actividad pública no se le escapa que puede estar trasladando a la opinión pública una impresión completamente equivocada sobre la magnitud del problema. Espero que en esa rueda de prensa sirva para que él mismo aclare y sitúe en su correcta dimensión de esto", agregó en referencia a Almunia

Según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, la CE investiga al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna por su estatus fiscal, ya que son los cuatro clubes de Primera que no son sociedades anónimas y considera que esto podría darles ventaja. Además, el Real Madrid es investigado por una permuta de terrenos para la construcción de su ciudad deportiva y el Athletic por el papel de la sociedad pública puesta en marcha para construir el nuevo estadio San Mamés. Bruselas también investiga al Valencia, el Hércules y el Elche por supuestas ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas. García-Margallo indicó ayer que para el Gobierno no se ha producido ilegalidad "en ninguno de los casos" y que por ello tiene preparadas alegaciones para todos ellos, ya que tras la notificación oficial de los expedientes se abrirá un plazo de un mes para preparar alegaciones. La resolución de los expedientes puede considerar que no hubo ayudas incompatibles con el mercado interior y dar por cerrados los caso, o en caso contrario obligar a las partes a una devolución.

La Defensora del Pueblo de UE acusa a Almunia de conflicto de interés

La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, ha acusado al vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, de posible conflicto de interés por retrasar hasta cuatro años el expediente contra el fútbol español por posibles ayudas públicas ilegales. El dictamen de la Defensora del Pueblo responde a una queja de inversores en otros clubes de fútbol europeos, que alegaban que la falta de acción del Ejecutivo comunitario en este caso podría responder al hecho de que Almunia es socio del Athletic de Bilbao, uno de los equipos investigados, y formaba parte del Gobierno español que diseñó los incentivos fiscales cuestionados.

"La Comisión no ha actuado frente a esta denuncia durante más de cuatro años. No se trata sólo de mala administración, sino que para los ciudadanos europeos puede parecer como un conflicto de interés teniendo en cuenta los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes en cuestión", ha resaltado O'Reilly en un comunicado. "Confío en que la Comisión decidirá abrir una investigación mañana (por el miércoles) para investigar los hechos y disipar cualquier sospecha", ha dicho la Defensora del Pueblo de la UE. De hecho, tras hacer llegar su dictamen a Almunia este lunes, su gabinete confirmó a O'Reilly que el expediente contra el fútbol español se abrirá el miércoles.

Por su parte, Almunia considera "inaceptable" esta acusación, según ha dicho su portavoz. "El comisario Almunia considera inaceptable toda alegación de conflicto de intereses sobre el caso", declaró Antoine Colombani, quiien confirmó que en la reunión del colegio de comisarios europeos se tratarán "ciertas decisiones sobre el sector del fútbol", y señaló que la Comisión "explicará las medidas concretas una vez que estén tomadas". El portavoz admitió que Bruselas había comunicado a la Defensora del Pueblo "las próximas decisiones que se iban a tomar sobre los casos", y precisó que "no es correcto todo lo que decían ciertos artículos y declaraciones que anticipaban estas decisiones". Añadió que el retraso en la apertura de la investigación formal se debe al "alto número de quejas" que recibe la dirección general de Competencia de la CE -"hasta 300 al año", según Colombani-, a las que también se suman las notificaciones de ayudas públicas de los Estados miembros, casos de carácter "prioritario" para la Comisión. Colombani recordó además que la única investigación formal abierta por la CE hasta la fecha sobre supuestas ayudas públicas ilegales al fútbol afecta a vario clubes profesionales holandeses.

Según los denunciantes, las ventajas fiscales en cuestión suponen "varios miles de millones de euros". Además, se quejan de que el Gobierno español concede estas ayudas incluso cuando ha pedido un rescate bancario a sus socios de la UE. La Comisión normalmente tiene 12 meses para decidir sobre la apertura de una investigación. En este caso -denuncia la Defensora del Pueblo- han pasado cuatro años sin ninguna decisión. El Ejecutivo comunitario aceptó en septiembre de este año una solución amigable a la queja, pero desde entonces no ha actuado ni ha dado razones para no hacerlo.