Abengoa SA está declarada en concurso voluntario de acreedores desde el viernes 26 de febrero de 2021, en virtud del acuerdo adoptado el lunes anterior por el consejo de administración que entonces tenía, integrado únicamente por el español Juan Pablo López-Bravo Velasco como presidente ejecutivo y la brasileña Margarida de la Riva Smith como consejera, ya que no se había cubierto la vacante que había provocado el dimisión de Jordi Sarrias Prats el 4 de enero de ese mismo año.

Además, en virtud de dicha solicitud se pidieron medidas cautelares al juez del concurso para que se suspendiera –en la práctica se canceló– la junta de accionistas extraordinaria que se iba a celebrar el 3 y 4 de marzo siguiente para destituir a esos dos consejeros y nombrar a las mismas personas que hoy integran el consejo de la histórica matriz del grupo: Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez Sieso, quienes ya contaban con los votos emitidos para resultar elegidos.

El actual consejo de Abengoa SA, según confirmaron fuentes de la compañía, pone en duda la validez de esa solicitud de concurso voluntario al Tribunal de Instancia Mercantil. En concreto, quiere comprobar si la firma de la consejera de origen brasileño es auténtica, por lo que tiene previsto acordar tan pronto como sea posible el encargo de una prueba de un perito caligráfico.

Margarida de la Riva Smith, experta en compliance, fue elegida el 22 de diciembre de 2020 como consejera de Abengoa SA, junto con López-Bravo y Sarrias, en la junta general extraordinaria celebrada en esa fecha. Y cesó por dimisión el 19 de mayo de 2021, en la que comunicó en una carta a López-Bravo su renuncia “en prevención de la incompatibilidad de poder continuar desempeñando con la diligencia debida dichos cargos con su actual desarrollo profesional”, según consta en la información relevante enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esa misma fecha, el consejo cubrió la vacante de Sarrias y eligió por cooptación a Cristina Vidal Otero.

En los cinco meses en los que de la Riva Smith fue consejera no acudió nunca a la empresa y no  consta en los registros de la compañía, según las fuentes consultadas, ninguna acta de consejo firmada por ella, excepto una. Ni siquiera la primera del 22 de diciembre de 2020, en la que sí se hace constar que supuestamente intervino para apoyar a López-Bravo como presidente en contra de la candidatura de Sarria. Tampoco en la del día siguiente, la del 23 de diciembre, en la que la mayoría del consejo traiciona a los accionistas que les habían elegido como candidatos alternativos a los liquidadores presentados por la empresa y se alinean con las tesis que hasta ese momento había sostenido el consejo que fue destituido por los propietarios de la cotizada el 17 de noviembre de 2020.

Única acta firmada por ella

La única acta en la que aparece su firma es, precisamente, la del consejo del 22 de febrero de 2021 en la que se acuerda solicitar concurso voluntario de la sociedad matriz porque se había levantado un waiver (dispensa) que afectaba a una deuda financiera de la filial operativa, Abenewco 1. Pese a ello, se pide el concurso exclusivamente de la matriz, que había sido declarada en preconcurso en agosto de 2020, cuando el consejo de administración entonces presidido por Gonzalo Urquijo puso en marcha la tercera reestructuración financiera denominada internamente Vellocino, que el consejo de López-Bravo no dio por fracasada el mismo día que solicitó el concurso unas horas antes.

En ninguno de los consejos de celebrados durante 2021 hasta su cese, a excepción del citado, consta rúbrica de la consejera brasileña. Por el contrario, en todos los consejos celebrados desde su cese, sí constan la firma tanto de López-Bravo como la de Vidal, hasta que ambos cesaron el 1 de octubre, el primero porque dimitió, y la segunda porque ese día se celebró junta general ordinaria y en el orden del día no se incluyó su ratificación como consejera. Vidal fue reelegida en otro consejo posterior a la junta, pero no fue ratificada en la junta celebrada en noviembre de 2021.

El consejo actual de Abengoa SA, según las fuentes consultadas pone en duda la autenticad de la firma de De la Riva Smith del 22 de febrero, por varias razones. Por un lado, lo inusual de que sea la única acta que aparezca firmada y que no conste ninguna intervención de ella, salvo el 22 de diciembre anterior para apoyar a López-Bravo. Y en segundo lugar, y lo que consideran más importante, que el trazo de la firma de la consejera brasileña es sustancialmente distinto al de resto de firmas (López-Bravo y el entonces secretario, Mario Pestaña Sartorius), y se pixela como si de una imagen se tratase al ser ampliada. Por ello, tan pronto como se reúna el consejo de Abengoa SA está previsto solicitar a un perito calígrafo que emita un dictamen que arroje luz sobre la veracidad de la firma.

Tampoco se han celebrado las perceptivas comisiones de Retribuciones y Nombramientos para, entre otras cosas, contratar como prestadores de servicios a López-Bravo y Pestaña.

La trascendencia de esa acta que sí está aparentemente firmada es crucial, porque fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran que, en caso de confirmarse que la rúbrica no es auténtica, el concurso voluntario de Abengoa partiría de una falsedad documental que acarrearía la nulidad de todo el concurso.

Aún mayor es la trascendencia si se tiene en cuenta que Abengoa SA está provisionalmente disuelta, en virtud de ese concurso, por orden del actual juez sustituto, el magistrado Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, según consta en un auto dictado por él el pasado 1 de julio, que declaró abierta la fase de liquidación por considerar que ese día no constaba presentado en plazo un convenio.

Dicho auto fue recurrido en reposición por el consejo de la cotizada el pasado 4 de julio, y presentó dentro del plazo de gracia, que expiraba ese lunes a las 15:00 horas un convenio con una carta de intenciones vinculante para financiar pagos en el concurso: el 100% de la deuda privilegiada –unos 16 millones de euros– y el 3% del resto de la deuda, sometida a una quita del 97% y esculpida la que mantiene con sociedades del grupo –unos 19 millones de euros–. El juez aún no ha resuelto dicho recurso.

La oferta añade financiación hasta alcanzar los 200 millones de euros para dar circulante a las unidades operativas, que se adjudicarían los inversores –Sinclair Capital Reserve y RCP Resource Proyect Management–  en los respectivos concursos de liquidación que se abrirían ante la situación de colapso del grupo, y que pretenden reintegrar al grupo a medio plazo para que siga cotizando en Bolsa.