Las razones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dado a Abengoa para rechazar definitivamente la solictiud de 249 millones de euros (168 de ellos en préstamos participativos) de seis de sus filiales con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han sido aún más duras que el contundente informe que hizo para proponer que las compañías no era elegibles para recibir la ayuda pública.

En la certificación de la negativa a conceder los préstamos pedidos, la SEPI respondió a las alegaciones de la compañía con sede en Sevilla, donde durante meses se alimentó la esperanza de que el Gobierno nunca dejaría caer una empresa como Abengoa.

La respuesta de la SEPI a las alegaciones, a la que ha tenido acceso este diario, es demoledora, mucho más que el informe que sostenía que se rechazaba provisionalmente otorgar los préstamos por el enorme deterioro financiero que sufre la compañía y los riesgos que acumula tras una gestión sólo enfocada a que un grupo de acreedores redujera al mínimo las pérdidas que le supondría la quiebra del grupo.

La certificación de la negativa es mucho más dura y deja completamente en evidencia a los directivos que sostenían una y otra vez que todo estaba hecho y que tendría éxito “la única salida”, que en realidad era la única que han permitido ellos y la administración concursal, ejercida por EY Abogados.

El documento detalla un rosario de requerimientos de información a la compañía, que ha ido demorando o que directamente ha incumplido. Entre ellos está que nunca se entregó la Due Diligence que KPMG supuestamente hizo para Terramar Capital LLC, el inversor privado al que venía ligada la petición de ayuda pública.

Incumplimientos de la compañía

Literalmente la SEPI afirma: “La compañía no ha venido cumplimentando satisfactoriamente, en tiempo y forma, los mencionados requerimientos de subsanación de deficiencias”. 

También detalla cómo han ido cambiado la solicitud, especialmente aumentando la cuantía de los préstamos participativos y disminuyendo los ordinarios. Los primeros, que no contabilizan como deuda, arrancaron en 46 millones y concluyeron en 186, mientras los segundos eran 203 millones inicialmente hasta dejarlos en los 81 finales.

La respuesta admite que las conclusiones de los asesores, que no deciden, declaran elegibles a las filiales, pero haciendo una serie de matizaciones que el Fondo y su consejo gestor han analizado hasta concluir las razones expuestas para negar la ayuda. Claramente, la SEPI detalla las razones que desvirtúan el Plan de Viabilidad final, entregado el 10 de mayo de 2022, referidas a la falta de garantías de ingresos, una caja menor que la señala el plan que quedaría o las contingencias que señalan los asesores y que, de cumplirse, dejan la viabilidad que sostiene el grupo en papel mojado.

Por ello, tanto los responsables del Fondo como el consejo gestor del mismo se ratifican en su decisión de rechazar la solicitud de la ayuda.

Pero la respuesta no queda ahí, y el escrito de 17 páginas dedica un apartado a responder a las alegaciones de la compañía.

La dureza de la redacción denota que la campaña que la dirección de Abenewco 1 y los representantes sindicales han hecho en los días previos a la decisión final, hasta el punto de decir públicamente que se trataba de una decisión arbitraria de la SEPI contra el criterio de sus asesores, no ha gustado nada.

La más dura de ellas aparece en las dos últimas conclusiones. En la penúltima, la SEPI afirma: “Por último, la compañía en sus alegaciones señala –dicho sea sintéticamente– que el Fondo no debería asumir menos riesgos que otros, aludiendo con ello a la entrada del inversor Terramar”.

Y agrega: “Sobre esta cuestión cabe señalar lo siguiente: primero, el grado de riesgo con que se gestionan los fondos privados y los públicos no es el mismo; lo cierto es que los 249 millones solicitados del Fondo no parece que haya ningún inversor o financiador privado dispuesto a aportarlos; segundo, Terramar aspira a hacerse dueño del 70% de la compañía, e interviene con una cláusula que en caso de concurso de la compañía multiplica por 2,5 veces el valor de su inversión; por tanto, si su inversión es exitosa obtiene cuantiosas plusvalías, y si resulta fallida se habrá hecho con la práctica totalidad de los activos que en fase de ejecución realizará”.

La SEPI alude a una cláusula desvelada por este periódico en diciembre de 2021, en un análisis en el que se ponía en duda si realmente la oferta de Terramar rescataba al grupo.

La última conclusión, relacionada con la anterior, es demoledora: “El Fondo de Apoyo a las Solvencia de Empresas Estratégicas no fue creado para una finalidad como la pretendida por Terramar”.

El trasfondo de toda esta polémica es que los directivos y los sindicalistas afines que han alentado movilizaciones contra el Gobierno tratan de culpar a otros de los errores de planteamiento y cumplimiento de la operación de rescate. Tanto, que en el correo del presidente no ejecutivo de Abenewco 1, Juan Pablo López-Bravo, a los empleados para comentar la negativa de la SEPI, incluso desliza que tienen pendiente de decidir si acuden a los tribunales. Fuentes de la plantilla de Abengoa críticas con todo el proceso seguido señalan que todo “es una cortina de humo para que los trabajadores” no les pidan responsabilidades.