Las administraciones públicas que tienen deuda viva con Abengoa SA cobrarían el 100% de esos débitos en caso de que el juez del concurso de la cotizada, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, acepte el recurso de reposición y, por tanto, revoque las decisiones adoptadas en un auto el pasado 1 de julio: declarar disuelta la sociedad y encargar a la administración concursal, ejercida por EY Abogados, un plan de liquidación de sus activos.

El recurso de reposición presentado por la representación legal de Abengoa SA solicita que se reconsidere la solicitud de una prórroga para presentar el convenio, en virtud de que de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no denegó la ayuda de 249 millones solicitados por las filiales del grupo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégica hasta el martes 28 de junio, y apenas había tiempo para presentar una propuesta de convenio en el plazo marcado.

Alternativamente, y en caso de que el juez no acepte cambiar de criterio sobre la prórroga solicitada, el recurso plantea que se ha presentado una propuesta de convenio, elaborada en tiempo récord, entre el 1 y el 4 de julio, que aporta una carta de intenciones de los inversores pruebas de fondos que acreditan que disponen del dinero para refinanciar los negocios del grupo, que se adjudicarían en concursos de liquidación de las sociedades operativas del grupo Abengoa.

Como se ha informado, la oferta de estos inversores incluye aportar unos 35 millones de los 200 que invertirían al concurso. Esos fondos se utilizarían para el pago de los 16 millones de la deuda privilegiada de Abengoa SA, y del 3% del resto de la deuda en el plazo de 8 años, lo que supondría una quita del 97%.

Es precisamente esos 16 millones de deuda privilegiada donde están los débitos con administraciones públicas. En concreto, Abengoa SA le debe a la Agencia Tributaria 4.425.298 euros. Otros 11.165.392 euros se corresponden con deuda reclamada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). A la Diputación de Sevilla le adeuda 831 euros. Eso suma 15.591.521 euros que esas administraciones cobrarían en su totalidad, en caso de aprobarse el convenio.

Igual ocurriría con dos trabajadores a los que se les deben 4.414 euros (2.207 a cada uno). El resto de la deuda privilegiada es hipotecaria, de una nave industrial propiedad de Abengoa en Alcalá de Henares, de algo más de medio millón de euros. En total, la deuda privilegiada supera levemente los 16,1 millones de euros.

Del resto de la deuda, hasta el total de unos 1.240 millones –que incluyen también los 20 millones de euros de la multa que la Comisión Europea impuso a Abengoa SA y a su filial Abengoa Bioenergía por participar en un cartel que influía en los precios mayoristas del etanol–, cerca de 600 millones de euros es deuda intragrupo, a la que se le aplicaría una quita del 99,99% (lo que situará las filiales afectadas en causa de disolución).

A los aproximadamente 604 millones que se deben a acreedores comerciales –Abengoa SA no tiene deuda con entidades financieras–, se les aplicaría la quita ofrecida en el convenio del 97%, por lo que cobrarían también casi 19 millones de euros de los fondos aportados por los inversores.

Todos estos pagos están pendientes de la decisión que adopte en los próximos días el juez Carretero. Si repone su auto y abre fase de convenio, las administraciones y el resto de deuda privilegiada cobrarán el 100% de lo que se les debe en el plazo de seis meses desde la aprobación del convenio, y el resto de acreedores el 3% ofrecido en un plazo de 8 años.

Si, por el contrario, desestima el recurso de reposición, adquirirá firmeza la disolución de Abengoa SA y ninguno de estos acreedores cobrará nada, dado que el complejo entramado societario y de garantías creado durante la primera y la segunda reestructuración del grupo, impedirá que los ingresos que genere la liquidación llegue hasta el concurso de la matriz.

Baste recordar que la deuda financiera que soportan Abenewco 2, Abenewco 2 bis y Abenewco 1, supera los 4.800 millones de euros y cuentan con prelación para cobrar antes que los acreedores de la histórica matriz del grupo.