Un juez británico anuló hoy la congelación de 12.000 millones de dólares en activos mundiales de PDVSA que había ordenado el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales a petición de la petrolera estadounidense Exxon Mobil.

"He concluido que la orden judicial (...) debería ser anulada", afirmó el magistrado Paul Walker al dictar su veredicto en una vista celebrada en el Tribunal Superior a la que asistió el embajador venezolano en el Reino Unido, Samuel Moncada.

Exxon, el mayor grupo petrolero del mundo, anunció el pasado febrero que logró de esa misma corte una orden internacional de congelación de activos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 12.000 millones de dólares.

Con esa medida, el gigante estadounidense buscaba asegurarse el pago de una eventual indemnización por la nacionalización de un proyecto suyo en Venezuela.

La medida, que incluye activos en refinerías en Dundee (Escocia) y Ellesmere Port (Inglaterra), se tomó mientras está pendiente un proceso de arbitraje en Nueva York para la resolución del conflicto.

Durante el juicio de este caso, que empezó el 28 de febrero y concluyó este 6 de marzo, Gordon Pollock, abogado de PDVSA, reiteró que el Tribunal Superior no tiene jurisdicción para congelar activos mundiales de la compañía venezolana dada su escasa presencia -y la de Exxon- en Inglaterra, y pidió la revocación de la orden judicial.

Por su parte, Catharine Otton-Goulder, abogada de Exxon, sostuvo que ese tribunal tiene poder para dictar una orden de congelación mundial de activos y acusó a la empresa venezolana de "mala fe".

La disputa tiene su origen en 1997, cuando Mobil (adquirida después por Exxon) y PDVSA acordaron una asociación estratégica para operar en Cerro Negro, zona situada en la Faja del Orinoco en Venezuela, uno de los yacimientos petrolíferos más ricos del mundo.

Sin embargo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, emitió el pasado año un decreto que otorgaba a la firma estatal y sus filiales una participación del 60 por ciento, como mínimo, en las nuevas empresas mixtas dedicadas a explotar el Orinoco.

Aunque algunas compañías foráneas aceptaron esas condiciones, Exxon se negó y ahora quiere una indemnización por la supuesta ruptura de obligaciones contractuales por parte de PDVSA.