El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2023.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha insistido en que la creación de esta autoridad es "un proyecto prioritario" para el Gobierno, porque incrementa la protección de los clientes financieros, que podrán presentar sus reclamaciones "de forma gratuita".

Las reclamaciones serán ante un único organismo, tanto para cuestiones bancarias, como de seguros o de inversión financiera, que hasta ahora se presentaban ante el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respectivamente.

De esta forma, esta nueva institución centralizará los actuales servicios de reclamaciones de esos tres supervisores.

Mayor protección para los clientes

Entre las principales novedades que se han incorporado en el proyecto, tras la audiencia pública, destaca la ampliación de las entidades que podrán ser objeto de reclamaciones por parte de los clientes.

A las entidades supervisadas, servicios fintech y de criptoactivos se añaden los servicios de préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados.

Asimismo, se refuerza el papel de los Códigos de Buenas Prácticas y de autorregulación del sector financiero, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento.

En este sentido, se incluye como obligación para los supervisores financieros la elaboración y actualización de un Compendio Anual de Buenas Prácticas y Usos Financieros que será tenido en cuenta por la autoridad en la resolución de los conflictos.

Se extiende también el tipo de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico, para cubrir reclamaciones, por ejemplo, de falta de información o por la no apertura de una cuenta de pago básica, así como por posibles incumplimientos de la autorregulación del sector financiero.