Aprobado el déficit hasta 2017 con el rechazo de 4 comunidades
El programa ha recibido el apoyo de las regiones gobernadas por el PP. Hacienda compensará con 3.900 millones a las CCAA por la reforma fiscal. Andalucía reprocha a Montoro que regale a Bruselas cifras de déficit.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado el programa de estabilidad 2015-2017 que contempla que las comunidades autónomas alcancen el equilibrio presupuestario al final de ese período con el voto en contra de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias. El Consejo también ha ratificado el objetivo de 2014, planteado en un 1% del PIB para todas las comunidades, con el voto en contra de Andalucía, Cataluña y Asturias y la abstención de Canarias.
Ambos programas han sido aprobados con el voto de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP. De este modo, las comunidades no podrán superar un déficit del 0,7% en 2015, del 0,2% en 2016 y del 0% en 2017. Los consejeros que han votado en contra del programa de estabilidad reclamaban al Ejecutivo un nuevo reparto del objetivo de déficit entre el Gobierno central y las comunidades, pues el actual -han dicho- les perjudica.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha ofrecido a los gobiernos regionales una entrega a cuenta adicional de cerca de 3.900 millones de euros para compensar los efectos negativos que pudiera tener la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.Varias comunidades autónomas se han quejado durante la reunión sobre el impacto negativo que pudiera tener la reforma tributaria en las arcas autonómicas.
El ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, ha presidido la reunión del CPFF con los responsables económicos de la mayoría de las CCAA y les ha explicado el anteproyecto de Ley de reforma fiscal que será aprobado y las rebaja en el IRPF. Las comunidades autónomas han asistido al Consejo preocupadas por la posible merma en sus ingresos que podría acarrear esta reforma, dado que reciben el 50% de los ingresos por IRPF. Ante esta incertidumbre, según las fuentes consultadas, el Ministerio ha ofrecido compensar a las comunidades con un incremento extraordinario de 3.900 millones de euros en las entregas a cuentas que adelanta el Estado a las comunidades en concepto de financiación autonómica.
Montero reprocha a Montoro que regale a Bruselas cifras de déficit
María Jesús Montero ha reprochado a Montoro que haya "regalado" a Bruselas las tres cifras de déficit para "parecer los primeros de la clase" en lugar de haberlas "cedido" al refuerzo de políticas sociales, de Sanidad o de Educación. Andalucía, que ha votado en contra de los objetivos de déficit, ya ha adelantado que en el próximo consejo planteará el reparto del déficit entre las comunidades autónomas y que perseguirá, como ocurrió en el de 2013, un objetivo asimétrico. Montero ha lamentado que el ministro "haya preferido regalarle las tres décimas del objetivo de déficit a Bruselas en lugar de dárselas a las comunidades para que pudieran recuperar algunos de los derechos que se han perdido los trabajadores públicos, para generar igualdad de oportunidades para el empleo o, simplemente, para ser capaces de llevar a cabo unas cuentas publicas que permitan un mejor bienestar".
La consejera ha dicho que las comunidades "no han entendido" esa "persistencia" de Montoro en "aparentar ante Bruselas ser los primeros de la clase" aunque las gobernadas por el PP "han seguido la disciplina y han votado a favor de este punto a pesar de haber hecho comentarios de discrepancia". Además, la consejera ha reprochado al ministro que no aporte la metodología de cálculo de por qué las comunidades tienen que hacer mayor esfuerzo que el que se reserva el Gobierno.
Entre los asuntos que Andalucía, junto con otras regiones, ha planteado en el consejo de este jueves está la petición de reforma del modelo de financiación, un aspecto sobre el que el ministro "no tiene calendario". "Le he preguntado y no tiene ninguna fecha, solo se ha comprometido a que en el próximo consejo se aporten las conclusiones de los grupos de trabajo sobre esta materia que ya se remitieron en marzo", ha lamentado la consejera. En declaraciones a los periodistas al término de la reunión, Montero ha dicho que el ministro les ha trasladado que "mientras que no haya recursos no va a haber modelo de financiación". "Ha preferido hacer una reforma fiscal que, según sus propias palabras, va a aportar por la fiscalidad menores ingresos y no tiene en cuenta necesidad imperiosa de las comunidades que nos encontramos por debajo de la media en financiación", ha criticado.
En lo que se refiere a la reforma fiscal, una materia que no fue objeto de ninguna votación sino que se abordó de modo informativo, Andalucía ha hecho una valoración negativa y ha reclamado la memoria económica para conocer su impacto en las comunidades autónomas, una petición a la que Montoro ha respondido que se conocerá en los próximos días.
Además, la Junta ha pedido que se apliquen los mecanismos de compensación de la Ley de financiación de las comunidades autónomas (Lofca) que dice que cuando el Gobierno legisle en materia tributaria tendrá que aportar mecanismos de compensación si se ven afectados los ingresos de las comunidades. Sin embargo, el ministro no ha atendido a esa petición y ha dicho, según ha trasladado Montero, que la actividad económica "puede dar una mejor recuperación pero que ese no es espíritu de la ley". Al respecto, la consejera ha recordado que la Lofca recoge que, con independencia del dinamismo económico, "si se legisla en materia fiscal y eso afecta negativamente a los ingresos de las comunidades autónomas, se tendrán que establecer mecanismos de compensación".
La responsable andaluza también ha criticado que no se haya abordado la reforma de la financiación autonómica y, como "único punto positivo" ha señalado que el Gobierno central haya aceptado la propuesta de Andalucía y vaya a eliminar de la reforma fiscal la disposición transitoria vigésima octava que anulaba las subidas fiscales que aprobaron hasta la fecha las comunidades autónomas. Esa disposición les obligaba a, una vez que se apruebe la nueva estructura del IRPF, aprobar una nueva subida fiscal.
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