La Comisión Europea (CE) propuso crear una garantía para que todos los ni-nis (jóvenes que ni estudian ni trabajan) accedan a formación o empleo en un plazo máximo, una medida inspirada en los países nórdicos y destinada sobre todo a los más afectados por el desempleo juvenil, como España o Grecia. La garantía juvenil es una recomendación incluida en el conjunto de propuestas sobre empleo presentado por el comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, cuya aplicación concreta dependerá de los Estados miembros y será supervisada por el Ejecutivo comunitario.

En particular, se pide a los Veintisiete que tomen "todas las medidas necesarias" para que todos los jóvenes de hasta 25 años reciban una oferta de empleo de calidad, formación continuada o prácticas en un período máximo de cuatro meses tras terminar sus estudios o quedar desempleados. Andor no precisó acción concreta alguna para lograr tan ambicioso objetivo, aunque sí señaló que los países tendrán que poner en marcha "sistemas de colaboración" entre los sectores educativo, empresarial y los servicios públicos de empleo y aplicar "medidas para mejorar la integración laboral".

De este modo se pretenden combatir los "intolerables" niveles de desempleo en la Unión Europea (UE), tasas que superan el 25% en trece Estados miembros y alcanzan sus cotas máximas en Grecia y España, ambos con un paro juvenil en torno al 55%, según los últimos datos disponibles de Eurostat. "Habida cuenta de que el mercado laboral está tan deprimido como en España o Grecia, hay que contar con nuevos instrumentos para crear esas oportunidades laborales", destacó el comisario al presentar la iniciativa en conferencia de prensa. A nivel nacional, "los actores interesados deberán cooperar en el establecimiento de los presupuestos para cada tipo de programas, y sobre el desarrollo de cada elemento", explicó Andor. El comisario admitió que las necesidades del mercado laboral son "muy diferentes entre países como Suecia y Portugal, por ejemplo", y señaló que por ese motivo será necesaria la implicación de los interlocutores sociales y las autoridades nacionales a la hora de definir cómo se aplica la garantía.

La propuesta se inspira en los sistemas vigentes en países como Finlandia, donde el 83,5% de los jóvenes desempleados en 2011 recibió algún tipo de ayuda u orientación que les permitió continuar sus estudios o su formación, según datos citados por la CE. Otro ejemplo es Suecia, donde existe un esquema de garantía laboral que facilitó que el 68% de los jóvenes que se beneficiaron del mismo encontraran trabajo en un plazo de 90 días.

En el caso de España, la puesta en marcha de una garantía de este tipo será "muy difícil" dada la situación de su mercado laboral, según señalaron fuentes diplomáticas. El propio texto de la propuesta reconoce que las amplias divergencias entre los Estados miembros "pueden llevar a diferencias en cómo se establece y aplica el esquema". En cuanto a la financiación de la garantía, ésta recaerá principalmente en los países, aunque la Unión contribuirá mediante ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) y otros fondos estructurales, precisó Andor, quien advirtió de que "el precio de no hacer nada será aún mayor". El desempleo juvenil supone un coste de unos 153.000 millones al año para toda la UE, en concepto de prestaciones de desempleo y pérdida de ingresos fiscales y de seguridad social, dijo el comisario. "No hay alternativa a la aplicación de estas garantías juveniles. Son una inversión de futuro", afirmó.

Esta recomendación sobre empleo también apuesta por fomentar y mejorar los períodos de prácticas y aprendizaje en empresas, así como por reforzar el sistema comunitario de búsqueda de empleo Eures. Todas estas medidas "no pretenden sólo paliar el paro a corto plazo", sino "lograr mejoras estructurales que permitan salir de la crisis con un mercado laboral que funcione mejor, con una mejor transición del mundo educativo al empleo y más oportunidades y justicia social para los jóvenes", concluyó Andor.