La Política Agraria Común que viene es una revolución, al menos en lo que se refiere a la propuesta de la Comisión Europea. Parte de cero. Los derechos históricos ya no sirven, ni la producción. La referencia para recibir la ayuda será la hectárea, con independencia del cultivo, y la tendencia es la de diluir las diferencias en el pago por hectárea entre países. Malta, por ejemplo, recibe 800 euros por hectárea, Holanda y Bélgica en torno a 450, e Italia algo más de 400. Y los países bálticos se sitúan sólo en 100.

España está en la media, 273, pero Andalucía se acerca a los países punteros de Europa, con 414. La propuesta legislativa presentada ayer por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, tendente a la igualación, amenaza el nivel de percepción de ayudas directas de la región. La UE elimina el criterio actual, un nivel de ayuda fijo que el agricultor percibe en función de un histórico de producción, y lo sustituye por otro que atiende sobre todo al territorio, a la fijación de la población en el medio rural. Pero no tiene en cuenta ni la diversidad ni el potencial productivo de los cultivos, algo en lo que Andalucía es puntera en España. El regadío, por ejemplo, genera riqueza y empleo, pero también tiene costes muy altos, y eso la Unión Europea no lo contempla, al menos de forma prioritaria. Sí da la posibilidad a los estados de redistribuir la ficha según este criterio, pero eso requerirá de un pacto entre las autonomías. Si este no se produce, Andalucía puede salir perdiendo.

Pese a no enfocar la reforma en la producción, la Comisión Europea pretende que sólo reciban las ayudas los agricultores que tengan actividad agraria, y eso se traduce en que al menos el 5% de los ingresos totales procedan de las ayudas directas. También se imponen reducciones, con bonificaciones al empleo, a las subvenciones a partir de 150.000 euros (20%), 200.000 (40%), 250.000 (70%) y 300.000 (100%). Históricamente, este tipo de propuestas nunca ha salido adelante por la oposición alemana.

Bruselas propone una PAC más verde, e impone que el 30% de los pagos corresponda a buenas prácticas medioambientales. El productor estará obligado a mantener tres cultivos: uno de ellos deberá cubrir un mínimo del 5% del terreno y otro no más del 70%. Y deberá reservar 7% para setos, franjas, árboles o tierras de barbecho, etc. Los agricultores en zonas desfavorecidas dispondrán de hasta un 5% adicional además de la ayuda base; habrá un 10% para pequeños productores y un 5% para cultivos que requieran de un apoyo especial.

En gestión de mercados no hay nada sobre la revisión de los precios de almacenamiento o de intervención, ni tampoco sobre un cambio en las normas de competencia para dar mayor poder de negociación a los agricultores. Sólo se activa un fondo de 3.500 millones para crisis como la del pepino, cantidad que las asociaciones agrarias consideran insuficiente, y se posibilita la extensión de las organizaciones de productores (OPAs) a todos los sectores, pero sin incentivos. En el caso de la remolacha, continúa la tendencia a la desregulación al suprimirse las cuotas, e igual ocurre con el sector del vino, al suprimirse los derechos de plantación.

Las políticas concretas de desarrollo rural, el segundo pilar de la PAC, están por definir. Sólo se sabe que España podrá trasvasar parte del dinero destinado a este concepto a ayudas directas, un 5%; y viceversa, aunque en este caso podrá disponer de un 10%. También las prioridades inciden en el modelo verde, y esto, como señala Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja-Sevilla, puede suponer algún problema para Andalucía, "porque el asunto de los regadíos se mira desde un punto de vista medioambiental y no tanto productivo". Según Asaja, el texto se queda "bastante corto" en el impulso de infraestructuras.