Economía

Portugal protege el crédito a empresas y familias con una moratoria de seis meses

Antonio Costa, primer ministro portugués. Antonio Costa, primer ministro portugués.

Antonio Costa, primer ministro portugués. / EFE

Las graves consecuencias económicas que tienen las medidas de confinamiento adoptadas por muchos países para atajar la pandemia de Covid-19 ha llevado a la República de Portugal a decretar la protección del crédito, no sólo para el pago de hipotecas, como ha hecho España, sino también para garantizar la tesorería y liquidez de las empresas establecidas en el país vecino para que puedan mitigar la paralización de la actividad económica. Además de las hipotecas de las familias y los préstamos a  las empresas, los empresarios individuales –autónomos–, organizaciones benéficas privadas, asociaciones sin fines de lucro y otras entidades de la economía social también están cubiertos por el régimen de protección del crédito.

En un decreto del presidente del Gobierno, Antonio da Costa, refrendado por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal establece una moratoria del crédito desde el 27 de marzo –entrada en vigor de la medida– hasta el 30 de septiembre de 2020. Seis meses en los que se prohíbe la retirada de las líneas de crédito, la extensión o la suspensión de créditos hasta el final de este periodo, se garantiza la continuidad de la financiación existente a los hogares y empresas y previene ante cualquier incumplimiento provocado por la reducción de la actividad económica.

El Gobierno portugués entiende que “el sistema financiero tiene un deber especial para participar en este esfuerzo por su función esencial de la financiación de cualquier economía”.  Y por ello recuerda que en estos momentos “de incertidumbre y complejidad, todos los actores, públicos y privados, están llamados a garantizar la sostenibilidad de nuestra economía, los ingresos de nuestros ciudadanos y nuestras empresas”.

La moratoria que asegura la protección del crédito es aplicable a todas las compañías, siempre que tengan sede  y ejerzan su actividad en Portugal, no estén en situación de mora o incumplimiento de sus obligaciones crediticias por más de 90 días y tengan regularizada su situación ante las autoridades tributarias y la Seguridad Social.

En el caso de las personas se protegen los préstamos obtenidos para financiar la vivienda permanente en los casos de afectados por las consecuencias de la crisis vírica.

Respecto al tipo de créditos, se protegen las operaciones concedidas por prácticamente todo el sector financiero, incluyendo también sociedades de factoring o que otorguen garantías recíprocas a los beneficiarios del decreto. Quedan fuera, por contra, la financiación para la compra de valores o posiciones en otros instrumentos financieros, los préstamos y anticipos a los beneficiarios de los programas, subvenciones o beneficios, incluyendo impuestos, para la fijación de la sede o residencia en Portugal, incluyendo la actividad de inversión, con la excepción de los ciudadanos cubiertos por el Programa Volver, así como los préstamos y anticipos a empresas para el uso individual de las tarjetas de crédito de los miembros del órgano de administración y supervisión o de empleados.

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