El Gobierno utilizará la renovación del sistema de financiación autonómica en su propio beneficio. Veremos el recorrido de la afirmación de la vicepresidenta Montero esta misma semana sobre un acuerdo que englobe al conjunto de las comunidades de régimen común, hasta las elecciones catalanas el próximo 12 de mayo, pero lo que cabe esperar, a la vista de la extraordinaria mutabilidad de sus convicciones en asuntos similares, es un nuevo caso de manipulación interesada de las instituciones. Lamentablemente la estabilidad del Gobierno del que forma parte depende que los vínculos con vascos, catalanes, canarios y gallegos estén adecuadamente engrasados, pese al perjuicio para el resto.

La realidad es que el estado de las autonomías ha dado lugar a un escenario de competencia entre los territorios, en el que cada Gobierno regional decide buscando el mayor beneficio para sus ciudadanos. Estos tienen la oportunidad de manifestar sus preferencias entre las distintas opciones, que obviamente varían de unos lugares a otros y la fiscalidad es una de las herramientas decisivas. Existe una clara manifestación de responsabilidad política cuando se ofrece al votante la posibilidad de elegir entre más gasto público, esperando también una mayor cantidad y calidad de servicios públicos, pero también más impuestos, y lo contrario, es decir, menos sector público y también menos presión fiscal.

El gasto público y los impuestos son poderosos argumentos competitivos que las diferentes opciones políticas pueden legítimamente presentar a los electores, pero si las reglas no son claras e idénticas para todos, la competencia estará viciada de origen. En el caso de España, esta deficiencia se manifiesta en forma de privilegios fiscales para los residentes en País Vascos, Navarra y Canarias, derivados de la mayor disponibilidad de recursos y autonomía política para eludir la presión de la competencia mediante iniciativas que al resto están vetadas. También en las ventajas recaudatorias que la capitalidad otorga a la comunidad de Madrid y en el controvertido criterio con que el gobierno central, no solo este, sino también los anteriores, ha decidido tradicionalmente la distribución territorial de la inversión pública y otras cuestiones estratégicas. La pretensión catalana de pacto fiscal con el Estado similar al de vascos y navarros viene a agravar el problema, probablemente hasta el punto de obligar a una revisión en profundidad del Estado de las autonomías.

Conseguir en este escenario tan tensionado un nuevo acuerdo de financiación autonómica aceptable por todas partes parece misión imposible. La propia debilidad del gobierno, dependiente de la asistencia permanente de sus socios catalanes, vascos, canarios y gallegos para no desplomarse, es el principal obstáculo, pero también las pretensiones imposibles derivadas del empoderamiento egoísta de estos últimos. Por otro lado, la fortaleza del PP en las autonomías anticipa una fuerte resistencia a la previsible disposición del Gobierno a la satisfacer las demandas catalanas, aunque la extraordinaria capacidad demostrada para esquivar las garantías institucionales no permiten afirmar que no se vaya a intentar.

No habrá acuerdo de financiación autonómica, ni siquiera en formato borrador, antes de que termine el ejercicio, pero es muy probable el acuerdo bilateral entre el Gobierno y el independentismo catalán antes del 12 de mayo en la dirección de excluir a Cataluña de la negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de lo que se ha dado en llamar soberanismo fiscal catalán. El recorrido posterior dependerá, obviamente y entre otras cosas, del resultado de las urnas en Cataluña, pero conviene estar prevenido ante la posibilidad de que el modelo de financiación autonómica impulsado por Zapatero en 2009 mantenga su vigencia, pese a su funesto funcionamiento, el tiempo que dure la actual legislatura.

Conviene precisar que, frente a lo que frecuentemente se repite, el acuerdo de 2009 no tiene fecha de caducidad. Fue concebido con voluntad de permanencia en el tiempo mientras funcionara adecuadamente, de manera que solo habría que plantearse su renovación cuando se aprecie la conveniencia de hacerlo. El cuerpo básico recibió tantos remiendos puntuales con el fin de conseguir la aceptación unánime de las comunidades, que las deficiencias comenzaron a aparecer desde sus inicios, aunque ninguno de los gobiernos posteriores se sintió capaz de afrontar el problema, incluido el de la mayoría absoluta del primero de Rajoy.

El resultado ha sido muy perjudicial para Andalucía, como en su momento reconociera la por entonces consejera de Salud y posteriormente de Hacienda de la Junta de Andalucía, hoy vicepresidenta y ministra del ramo en el Gobierno central. Cabría decir lo mismo de todos los anteriores, puesto que ninguno ha servido para reducir su atraso secular, aunque tampoco parece razonable descargar todas las culpas en el fardo de la financiación. En realidad lo que ha permanecido inamovible desde el nacimiento de las autonomías es la estructura de la pirámide de la prosperidad de los territorios.

Tanto en la cúspide de los más prósperos como en la base de los más desfavorecidos estamos los mismos que hace cuatro décadas. Los flujos de solidaridad en forma de subsidios y transferencias de rentas desde las regiones más ricas a las más pobres han permitido elevar el bienestar en estas últimas, pero también podrían haber contribuido a acomodarnos en el atraso relativo. Esta perspectiva de la solidaridad invita a pensar en que no solo no empuja en la dirección que conviene a la equidad territorial, sino que incluso podría hacerlo en la contraria. En este sentido cabe preguntarse sobre la oportunidad de una revisión en profundidad del sistema autonómico y sobre la actitud al respecto del Gobierno andaluz.

Abandonar la autocomplacencia y reconocer que nuestra condición de autonomía de segunda fila no va a cambiar mientras el modelo autonómico se levante sobre los pilares actuales podría ser un buen comienzo. El paso siguiente bien podría ser declinar la invitación a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras Cataluña insista en torpedear el multilateralismo dejando su asiento vacío. Y no tanto por una cuestión de rabieta o dignidad, sino también para que en algún momento se pueda oír en el resto de España que Andalucía también existe y que la deriva del sistema autonómico no puede seguir ignorándola.