La sala tercera del Tribunal Supremo ha validado tanto el real decreto de 2014 como la orden ministerial posterior en los que se aplicó un recorte de cerca de 1.700 millones de euros a las renovables mediante la reforma energética del sector eléctrico.

El Alto Tribunal ha adoptado esta decisión tras analizar y desestimar tres de los varios cientos de recursos presentados por los productores de renovables. La decisión cuenta con el voto particular de dos de los siete magistrados, Eduardo Calvo e Isabel Perelló, para quienes estas normas deben ser anuladas por retroactividad ilícita y por vulnerar los principios de seguridad jurídica y de confianza. El fallo del Supremo valida el decreto 413/2014 de 6 junio de 2014 y la orden ministerial 1045/2014 de 16 de junio, en los que se reconoce una rentabilidad razonable durante la vida útil de cada instalación conforme a un diferencial a partir de los bonos del Estado.

El Supremo decidió agrupar los cientos de denuncias presentadas por la empresas de renovables, de modo que su decisión vendrá seguida de nuevos fallos cuyo contenido puede variar, si bien es previsible que mantengan la posición inicial del tribunal. Entre otras consideraciones, el Supremo señala que la nueva normativa cumple con las directivas europeas del sector y "preserva el fomento de estas tecnologías", además de garantizar la sostenibilidad económica del sistema. Además, recuerda que la normativa europea concede "amplia libertad a los estados miembros" para que definan cómo desean fomentar el sector.

Destaca que el sistema eléctrico español sería "insostenible" si el Estado tuviera que asumir la diferencia entre el precio ofrecido por los productores de energía renovable y el obtenido por su venta en el mercado.