Uber opera en 400 ciudades de 70 países. Sin embargo, en España sólo lo hace en Madrid. "La regulación dificulta mucho nuestro modelo", explica Carles Lloret, director general de Uber para Europa Sur, y por ello aún no están en ciudades grandes como Barcelona o Málaga, pese a que existe la demanda. La principal restricción a su actividad radica en que la legislación nacional establece que sólo puede haber una licencia de Uber (VTC, vehículos con conductor) por cada 30 de taxi. Y ahí es donde la compañía quiere volcar todos sus esfuerzos cuando España tenga un nuevo Gobierno: "Tenemos puesto el foco en el nuevo Ejecutivo para lograr que flexibilice ese ratio y poder, así, dar el salto a otros lugares", desveló.

En un encuentro con la prensa celebrado en Santander en el marco de los Cursos de Verano organizados por la APIE y la UIMP, Lloret explicó que su plataforma para el móvil UberX es la única que, por ahora, operará en España, dado que otros de sus productos que van más hacia la economía colaborativa no tendrían visos de prosperar al estar el mercado del transporte de viajeros "muy regulado y restringido". Así, se centrará a poner en contacto a conductores profesionales con pasajeros que necesiten desplazarse, y no a particulares entre sí, algo que dejará para más adelante.

"Si hemos cometido algún error en España ha sido no comunicar bien nuestro modelo tanto a los medios de comunicación como a las administraciones, y esto tiene que cambiar, por lo que a partir de ahora nos reuniremos con los políticos para hacerles ver las bondades de nuestro negocio", aseguró Lloret. Su estrategia empezará por sentarse a hablar con el Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio para que "armonice la regulación del sector". "No se trata de prohibir, sino de regular", sentenció. Asimismo, lo hará con los gobiernos de algunas comunidades, como la Generalitat, porque no es posible que "Barcelona, que es la capital del móvil, aún no tenga Uber".

Lloret es optimista: "Hay vientos de cola que empujan a dar un giro al sector". Uno de ellos es un informe reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que calcula que, si se liberalizara, se adjudicarían en torno a 10.000 licencias de VTC y se generaría un negocio de 324 millones de euros anuales. "En cuestión de tres o cuatro años, la cifra subiría y podría haber unas 30.000 personas conduciendo en España".

El directivo de Uber quiso también ayer despejar dudas sobre el pago de impuestos por parte de sus conductores. "Hay muchos rumores, pero no son ciertos, nuestros conductores son autónomos o propietarios de flotas de coches que usan Uber como un canal adicional de ventas y que rinden sus cuentas con Hacienda", sentenció.